Bullrich, recargada tras pericias en caso Maldonado, se afianza en Seguridad

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Con respaldo de Carrió e informes preliminares que descartan hipótesis de desaparición forzada, la ministra va por todo.

Mientras el caso Maldonado continúa su derrotero judicial a la espera de la determinación pericial que constate elementos clave para elaborar una conclusión definitiva acerca de lo ocurrido (tales como data de muerte y causales que originaron el deceso), la evaluación política que el Gobierno efectuó acerca del impacto provocado en la sociedad por el luctuoso episodio arrojó un saldo favorable. "Siempre es lamentable la muerte de una persona, pero si esto hubiera terminado con la Gendarmería como responsable de la ejecución de un plan para desaparecer a este joven, el escenario hubiera sido distinto", confió a Ámbito Financiero una fuente de Casa Rosada.

En la Argentina, la desaparición de personas tiene una inexorable connotación que remite al accionar de la última dictadura, cuando la decisión de un acto terrorista pasó de tomarse en los búnkeres guerrilleros a los despachos de las oficinas públicas; y la arbitrariedad para decidir sobre la vida y la muerte de un ser humano abandonó los tribunales populares de las organizaciones clandestinas para instalarse en el corazón del Estado nacional, controlado por los militares. "Hubo sectores que pretendieron imponer la temeraria idea de que en nuestro país hoy hay desaparecidos y así compararnos con la dictadura, por eso es muy importante para toda la sociedad que este caso se esclarezca", completó el informante, mientras exhibía un supuesto informe de Prefectura Naval donde se sugiere que Maldonado pudo haberse ahogado en un pozo del río Chubut y su cadáver haber permanecido sumergido hasta pocos días antes de ser hallado.

Fortalecida

Aun así, más allá de las complicaciones que provocó la aparición del cadáver del artesano en el tramo final de la campaña y los consecuentes análisis conjeturales acerca de la afectación que este hecho podía tener en el resultado electoral, claramente todas las miradas post 22-O se centraron en los posibles cambios de gabinete que dispondría el presidente Mauricio Macri ni bien acallados los festejos por el triunfo del domingo. Y los cañones apuntaban a Patricia Bullrich, quien, hasta la semana pasada, era la ministra "más firme" del staff macrista. La explicación la dio un asesor de la Jefatura de Gabinete, el viernes pasado: "Nadie cambiaría un funcionario tan importante en medio de una crisis y a pocas horas de una elección, sería un gesto de debilidad imperdonable para cualquier líder", sostuvo. Y agregó: "Habrá que esperar a la semana que viene".

Ya con los resultados de las urnas y el informe preliminar de la autopsia de Maldonado en mano, el lunes por la mañana, durante la conferencia de prensa en la que acompañó al presidente, Marcos Peña echó por tierra cualquier especulación, al descartar modificaciones ministeriales en el corto plazo. "Patricia salió fortalecida y ahora nadie piensa en su reemplazo", aportaron los funcionarios consultados.

Además de votos y pericias, el Gobierno consideró dos aspectos fundamentales para sostener la continuidad de la titular de la cartera de Seguridad: los diversos sondeos de opinión que -aunque los niegue públicamente- realizó el oficialismo ponderaron mayoritariamente la actitud férrea de Bullrich ante los cuestionamientos al rol de Gendarmería en los episodios ocurridos el 1 de agosto en Cushamen; el apoyo explícito que Elisa Carrió le brindó públicamente ("es una mujer honesta que comete torpezas que no son de mala fe, pero que tuvo el coraje de enfrentar al delito organizado", sostuvo durante la semana de mayor turbulencia por el caso Maldonado) y ante el propio Presidente, a quien le habría pedido expresamente que no dejara de sostenerla en su cargo.

A tal punto quedó fortalecida la ministra que ya nadie se anima a plantear cuestionamientos a Pablo Noceti, el funcionario de mayor confianza de Bullrich, cuyo rol en el dispositivo represivo tras el cual se habría ahogado Maldonado aún está en la mira de la Justicia federal.

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