Buscan que antisemitas queden presos

Manifestantes de izquierda pidieron ayer por la libertad de los detenidos por la agresión antisemita del domingo. Muchos estaban con capuchas y palos.

«Una de las tareas principales de cualquier diálogo con el mundo gentil es probarle que la diferencia entre antisemitismo y antisionismo en realidad no existe». (Abba Ebban, primer embajador ante la ONU del Estado de Israel.)

Los cinco agresores apresados por el ataque antisemita del domingo (las versiones indican que fueron las propias víctimas quienes los detuvieron ante la inacción y falta de efectivos suficientes de la Policía Federal) serán indagados hoy por el juez Claudio Bonadío, que ayer no estaba en su despacho.

En este clima, anoche dos sinagogas de Belgrano (NCI Emanu-el, de la calle Arcos, y Amijai, de Arribeños) debieron ser desalojadas luego de recibirse sendas amenazas de bombas. La Brigada de Explosivos de la Federal las revisó, con resultados negativos, pero de todos modos las llamadas cumplieron con el objetivo de atemorizar e interrumpir su vida comunitaria.

Los delitos que se imputan a los presos serían excarcelables a pesar de la acumulación de cargos: atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y violación a la ley antidiscriminatoria.

Sin embargo, los abogados de la DAIA preparaban un escrito en el que agregarían el delito de «incitación a la intranquilidad pública», el que, sumado a los otros en concurso real, podría darle al juez elementos suficientes para no dejar en libertad a los agresores. Uno de ellos, además, tendría antecedentes de hechos violentos (entre los que se contaría un intento de incendio a la Casa Radical de Córdoba) cuando pertenecía al grupo Quebracho. Se trataría de Leonardo de Grosso, un ex estudiante de Derecho de la Universidad de La Plata.

Ayer, el abogado de los cinco detenidos por el brutal ataque del domingo contra la pequeña multitud de turistas y familias que escuchaban una banda militar tocar los himnos de la Argentina e Israel, trató de explicar que «se trató de un acto contra las políticas del Estado de Israel, pero de ninguna manera de un acto antisemita».

La tarea del letrado debería ser ímproba: los detenidos, junto con sus cómplices (no más de dos decenas) que lograron huir, salieron de la boca del subte golpeando con palos u otros elementos (como un «nunchaku») a hombres, mujeres y chicos, lo que en cualquier lugar del planeta es inaceptable hasta para los grupos más ultramontanos no directamente terroristas.

La Justicia deberá ahora determinar quién organizó la agresión, dónde se reunieron los atacantes para llegar al festejo que interrumpieron, cuál es el grupúsculo antisemita «de izquierda» que llevó a cabo la agresión (¿un «Lautaro», un sello «FAR», la «Convergencia Socialista» que llamó a buscar a las «ratas sionistas» allí donde estén, de un tal Beicas?) y formalizar la acusación contra ellos.

Una versión indica que uno de los atacantes que huyó llevaba un revólver a la cintura, y también se secuestró una navaja, lo que indicaría la enorme gravedad potencial del atentado cometido, más allá de los golpes y palazos propinados a gente indefensa e inadvertida de lo que se le avecinaba.

En diálogo con este diario, Aldo Donzis, presidente de la DAIA, dijo que «lo del domingo fue un acto absolutamente antisemita, aunque lo disfracen de 'antisionista', 'antiisraelí' o como quieran llamarlo».

Como suele suceder en estos casos, ayer se acumulaban las expresiones de repudio, pero todas ellas provenientes de las propias entidades judías argentinas (DAIA, OSA, AMIA, Centro Wiesenthal). De nuevo, hubo un sonoro silencio de partidos políticos opositores y oficialistas por igual, de religiosos de otras confesiones y hasta del Estado nacional.

Las excepciones fueron el Gobierno porteño («enérgica condena y repudio al violento ataque antisemita», y lo firma Mauricio Macri), el vicecanciller Victorio Tachetti (que se comunicó con el embajador Daniel Gazit, presente en la fiesta devenida agresión para expresarle su repudio) y el ministro de Seguridad y Justicia Aníbal Fernández, que no ahorró improperios para con los agresores pero falló al momento de tener que explicar por qué no había custodia suficiente para prevenir la agresión.

El funcionario -en declaraciones radiales- aseguró que «la Policía actuó rápidamente, y había un operativo muy profesional». Su opinión no era compartida por la dirigencia de las entidades comunitarias.

En este sentido, Donzis dijo que «la responsabilidad por la custodia del acto no era nuestra, porque el organizador era el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No sólo vamos a constituirnos como querellantes de la causa contra los detenidos sino también vamos a pedir un sumario al Gobierno porteño para que se determine si tomó las medidas necesarias para garantizar la seguridad; si así fuera, la responsabilidad sería del Gobierno nacional, sin dudas...»

En tanto ayer un centenar de «camaradas» de los apresados el domingo portando armas y palos exigieron su liberación, aduciendo que habían sido ellos los agredidos por la Policía. Lo llamativo es que antes de concurrir a los tribunales de Comodoro Py, los manifestantes protestaron frente a la Embajada de Israel, en Avenida de Mayo. «Qué raro: que yo sepa, ahí no había ningún detenido», dijo a este diario Sergio Widder, titular del capítulo latinoamericano del Centro Wiesenthal.

Esa misma organización propuso que «se instituya como una tradición anual en honor de la amistad entre la Argentina y el Estado de Israel» la fiesta organizada por el Gobierno porteño.

Parece haber sido escuchado: en el mismo comunicado de repudio, el gobierno de Macri asegura que días como el de Israel (lo mismo que el de Grecia, que ya sucedió) «serán instituidos como una tradición anual en honor a la amistad y relación indivisible entre Buenos Aires, los Estados y sus colectividades asentadas en nuestro país».