Jueces anunciaron análisis minucioso del expediente. Jurisprudencia les permite revocar cautelar. Sin embargo podrían ratificarla, poner plazo límite a Barrionuevo y convocar a audiencia para salida negociada.
Debate. Los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera firmaron ayer un convenio con los representantes de la ONG Argentina Debate a raíz de la obligatoriedad de los debates preelectorales públicos entre los candidatos a Presidente de la Nación.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) inició el tiempo de descuento (sin plazos breves) para resolver la tumultuosa intervención del Partido Justicialista, dispuesta por la jueza María Servini. La magistrada cumplió con el paso formal de conceder la apelación a las desplazadas autoridades, encabezadas por José Luis Gioja, pero mantuvo su decisión de nombrar al gastronómico Luis Barrionuevo como "interventor normalizador". El cuestionado fallo -por su argumentación política más que doctrinaria- fue elevado con "efecto devolutivo", lo que no suspendió los términos en que fue concedida la medida cautelar. El sector desalojado de la conducción podrá interponer un recurso también contra ese tecnicismo para intentar que la situación se retrotraiga a antes del 10 de abril. Pese a que los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera fueron prudentes de no adelantar cuál será su análisis, dentro de la CNE comenzaron a circular dos posibles vías de solución que se evaluarán para encauzar el tsunami político que generó el fallo.
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"Como juez de esta cámara aprendí a esperar a que llegue el expediente. Cuando llegue el expediente lo leeré y veré lo que dice", sostuvo ayer Dalla Vía en la presentación formal de un convenio firmado con Argentina Debate para cumplir con la manda de una discusión obligatoria entre candidatos a la presidencia. "Todo lo institucional nos preocupa porque el Partido Justicialista es un partido muy grande y lo vamos a mirar con atención", indicó, no sin advertir que el expediente podría demorar 10 días en llegar a la CNE. A partir de ese momento correrán vista a las partes y a la fiscalía electoral que conduce Jorge Di Lello, quien ya anticipó su intención de fulminar el fallo de Servini. No solo no fue notificado, sino que tampoco se pronunció en primera instancia ya que la jueza consideró la premura de una medida cautelar para resolver por su cuenta. Tampoco fue el único que se enteró sobre la marcha de la intervención al PJ: uno de los más avezados secretarios electorales de Servini se anotició bajando de un avión, al regreso de un viaje, de lo que había ocurrido. Di Lello estará de licencia hasta fines de mes. Recién entonces podrá emitir una respuesta a la CNE sobre las objeciones que planteó el grupo de Gioja. Los camaristas tampoco tienen un plazo perentorio para expedirse.
Sin dejar de lado la cautela, en los pasillos de la CNE empezaron a cranearse dos posibles caminos para apaciguar el tsunami político que sobrevino al fallo de Servini. El más virulento es revocar la medida cautelar y por ende la intervención. Existe jurisprudencia de la CNE que considera "que la intervención es un remedio excepcional que debe necesariamente tener en miras el interés de la entidad y procurar el justo equilibrio entre sus distintos componentes, preservando a la agrupación de toda injerencia que exceda aquellos supuestos para los cuales fue dispuesta". Barrionuevo también puede ser cuestionado en esta base: en un fallo de 2003, la CNE argumentó que el interventor debe tener "indispensable ecuanimidad y prescindencia que [...] debe revelar con relación a los intereses en pugna, de tal modo que no se creen dificultades que afecten el normal desempeño de la administración". El perfil del elegido por Servini dejó servido en bandeja el fundamento para la apelación de los "desplazados". Esta vía provocaría un enfrentamiento judicial entre la jueza y el máximo Tribunal con competencia electoral del país. Nadie descarta que la siguiente estación fuera la Corte Suprema.
Otra opción que se baraja como más armónica sería la de confirmar el fallo de primera instancia pero poniéndole un plazo de finalización a la intervención de Barrionuevo, novedad que alteraría la decisión de Servini, sin revocarla. Con ese horizonte en la mira, la CNE podría ordenar la realización de una audiencia para escuchar a todas las partes y sectores que integren el PJ y así organizar el proceso de transición. No es un camino que desagrade a la Justicia electoral ni tampoco a la política, para trepar la pared del laberinto. Además, para los jueces, implicaría que sea Servini la que lidere ese proceso y termine por corregir los efectos políticos que su propio fallo creó.
Las miradas en el peronismo quedarán depositadas en la CNE que juega, en paralelo, la cobertura de la tercera vacante en el tribunal, en un concurso en el que aspira terciar el bloque de senadores del PJ.
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