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Cámara Electoral, preocupada por aplicación de reforma política
«La complicación se genera porque en nuestro país se vota con el sistema de boletas de papel, que se usa en muy pocos países. Se ha continuado con este sistema que genera confusión en el cuarto oscuro. El número excesivo de partidos hace difícil la administración y el escrutinio», precisó el camarista.
La Cámara ha fijado su posición sobre estos temas claramente en los últimos años, tanto su apoyo a la aplicación del sistema de voto electrónico o de boleta única, como su preocupación respecto a la gran cantidad de entidades políticas, cada vez más débiles.
Tampoco es la primera vez que el tribunal, máxima autoridad de la Justicia electoral, muestra su preocupación respecto a la reforma que, entre otros cambios, traspasa a la Cámara la confección y digitalización de los padrones. El juez deslizó también una crítica al Poder Legislativo, al destacar que «la ley fue producto de acuerdos en el Congreso basados más en la situación de las mayorías parlamentarias que en un diseño de política arquitectónica» y recordar que «los jueces no fuimos consultados sobre el contenido de la ley de reforma política», en declaraciones al portal de la Corte Suprema de Justicia.
Dalla Via, sin embargo, reconoció ciertos avances que implicaba la reforma y resaltó que «desde el punto de vista de los derechos políticos, este cambio implica ampliar la participación de los ciudadanos». En este punto, valoró la implementación del sistema de internas abiertas de los partidos políticos, ya que «en los últimos años, con los adelantamientos de las elecciones, esa parte del cronograma se soslayaba y había una cierta tendencia de los partidos a designar a sus candidatos como vulgarmente se dice «a dedo», y la ciudadanía se siente excluida».
En los últimos meses la Cámara ha firmado varias acordadas que apuntan a llamar la atención sobre los plazos que se necesitan para la implementación de la nueva ley y la organización de las elecciones de 2011. Uno de los temas más complejos es el financiamiento de la campaña electoral de 2007, sobre la que los jueces deben pronunciarse obligatoriamente para que los partidos puedan candidatearse nuevamente.


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