Cambia el escenario para provincias

Transcurrido su primer cuatrimestre, 2012 se muestra ya como un año que para la mayoría de los gobiernos provinciales resultará mucho menos holgado en materia de sus finanzas públicas, sobre todo en comparación con el escenario en el que se movían en los últimos años.

Sucede que a diferencia de lo que ocurrió en el bienio pasado, la recaudación propia de las provincias, que se mueve al compás de la actividad económica, presenta los mismos signos de desaceleración que esta última, haciendo prever que en 2012 los recursos propios podrán ubicarse en valores promedio alrededor de un 25% superiores a los verificados en 2011, año en el que dicho crecimiento fue 10 puntos porcentuales superior (cerró en un 35%). En lo que va del corriente año, ya hay varias provincias que escogieron incrementar su carga tributaria con el objeto de ver su recaudación crecer a un mayor ritmo, política cuyo éxito en el contexto económico actual, y dada la presión tributaria récord verificada sobre la economía argentina, no estaría completamente asegurado.

Sin embargo, la modificación más marcada en el comportamiento de las variables y la política económica viene por el lado de las transferencias de recursos del nivel superior de Gobierno. Primero, porque al igual que sucede con los recursos propios de las provincias, los impuestos nacionales coparticipables, que dependen directamente del

nivel de actividad, se encuentran inmersos en una clara desaceleración: la

coparticipación, que en los primeros cuatro meses de 2011 había crecido un 37%, en el primer cuatrimestre de este año sólo pudo mostrar un aumento del 25%, logrado en gran medida gracias a la performance de los primeros dos meses del año, ya que un análisis de los últimos datos muestra que en abril la variación interanual fue del 17%, el menor crecimiento de los últimos 28 meses. Segundo, porque ante el freno en el aumento de los montos enviados automáticamente, no se observa una «compensación» a través de las transferencias no automáticas (corrientes y de capital) o discrecionales, como sí pudo contabilizarse en períodos recientes de frenos en la coparticipación, como lo fue el año 2009.

Inmersas en este escenario de ralentización de ingresos, las provincias deben hacer frente a sus políticas de erogación anual, con gastos que aún no muestran su dimensión total anual, como en el caso concreto del rubro salarial, representativo de casi la mitad del total del gasto en este nivel de Gobierno.

La esencia de la cuestión provincial actual se resume con un dato que resulta muy ilustrativo del cambio de paradigma que enfrentan los gobiernos subnacionales. Como es conocido, la política de gasto se define formalmente en los presupuestos provinciales a finales de cada año con miras al siguiente período. Los fiscos provinciales ya disponen en ese momento de las proyecciones del nivel superior de Gobierno acerca de la recaudación de impuestos nacionales y su consecuente coparticipación a provincias, por lo que en sus propios proyectos mantienen en general estos números. Sin embargo, por ejemplo en los últimos dos años, la consistente subestimación de ingresos nacionales proveyó en la práctica a los fiscos nacional y provinciales de recursos excedentes a los proyectados, que permitían ejecutar políticas mucho menos austeras que las previstas en sus presupuestos de gastos (que por la misma razón resultaban consecuentemente también subestimados). En efecto, en el año 2010 las provincias recibieron por coparticipación $ 17.700 millones más que lo presupuestado para dicho año, mientras que en 2011 se presupuestó una coparticipación de $ 120.580 millones y ésta terminó resultando de $ 134.132 millones (casi $ 14 mil millones más). Estas diferencias no son menores, pues, por ejemplo, significaron en 2011 cerca de $ 3.000 millones ($ 3.500 millones en 2010) más para Buenos Aires, o resultaron $ 1.200 millones (en 2011) y $ 1.500 millones (año 2010) más que lo presupuestado para provincias como Córdoba y Santa Fe. Ése fue, precisamente, el margen con el que se movieron los gobiernos provinciales para modificar sus políticas de gasto que a priori y en lo formal (presupuesto) resultaban moderadas. Para 2012 el Presupuesto nacional estima que la coparticipación tendrá un valor un 23% superior al verificado el año pasado. Según la estimación anual que se puede realizar de acuerdo con la evolución actual de la variable, la subestimación de estos ingresos sería, a diferencia del bienio anterior, casi inexistente, puesto que se espera que crezca para todo el año un 25%, aportando «solamente» $ 2.500 millones por encima de lo presupuestado. Insuficiente para contrarrestar la austeridad con que se acostumbraron a elaborar los presupuestos provinciales, y suficiente para que la mayoría de los gobernantes de este nivel empiece a idear planes alternativos acerca de cómo hacerlo.

(*) Economistas del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).