• PRÓXIMAS DOS SEMANAS CALIENTES EN EL MÁXIMO TRIBUNAL PENAL (QUE TAMBIÉN DISPUTA UNA INTERNA) Tragedia de Once ya arrastra dos años y cuatro meses de demora. Se suma posible unificación de juicios a Cristina por obra pública y lavado de dinero de Báez. Excarcelaciones recientes, en la mira.
La Cámara Federal de Casación Penal adquirirá protagonismo esta semana y la próxima en el marco del tembladeral en el que se convirtió la relación del Gobierno nacional con un sector del Poder Judicial. Decisiones de peso del máximo tribunal penal del país tendrán que dirimirse mientras todavía no hay claridad sobre la continuidad de uno de sus integrantes -Carlos Mahíques-, cuya permanencia depende de la "aclaratoria" que el Consejo de la Magistratura le reclamó a la Corte Suprema de Justicia. Además, existe inquietud por el futuro de los sorteos de los expedientes elevados a juicio ante los Tribunales Orales Federales. Toda la cuestión fue puesta en crisis con el cimbronazo que provocó la acordada del máximo Tribunal por el traslado forzoso de jueces del fuero ordinario al federal.
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A pesar de ser una semana corta para la Justicia, Casación puso en agenda una serie de temas, algunos de coyuntura y otros que vienen de arrastre, para dar muestras de celeridad. Parte de ello se debe a las réplicas de la decisión de la Corte de fulminar al TOF 9 y dejar en offside a la Cámara con la realización de los sorteos para los juicios. Y otra parte, debido a que vieron de reojo la marca en el calendario que indicaba la posible difusión de los resultados de la auditoría de casos de corrupción impulsada por el Consejo. Como había adelantado Ámbito Financiero, los resultados estarían a comienzos de abril. Varios jueces consultaron sotto voce cuáles eran los números: "Todos parejos, pero para mal", fue la respuesta que intranquilizó. Por las dudas, los que pudieron iniciaron tratativas para obtener certificaciones de calidad en sus procesos, con el objetivo de contrarrestar la mala prensa de las estadísticas. Consiguieron un aliado impensado. El Ministerio de Justicia, a través del Programa de Gestión de Calidad, avaló que más de 80 dependencias judiciales federales y provinciales ingresaran al proceso de certificación de estándares internacionales de calidad de la norma ISO9001. Marcelo Martínez Di Giorgi se fue con su diploma de calidad, mientras que sus pares Ariel Lijo y Sebastián Ramos aguardan ansiosos los suyos. Ese galardón ahora se encuentra muy cotizado en juzgados y fiscalías de todo el país.
Por esto es que Casación activó todas sus salas para imprimirle vértigo a una serie de causas sensibles. Con un ojo puesto en las opiniones vertidas por la Casa Rosada, la Sala I debe tramitar la apelación del fiscal Germán Moldes y de la AFIP en la causa por la excarcelación y la confirmación de los procesamientos de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, además del exrecaudador Ricardo Echegaray. La saga de telefonazos -desde la decisión de la Cámara Federal de modificar la carátula y eximirlos de la prisión- no cesó en el primer piso de Comodoro Py. "¿Pero no son los mismos que le habían ofrecido dos años atrás la AFIP a Echegaray?", se preguntó un magistrado. Los camaristas Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi (como suplente ante la excusación de Mahíques) tienen en carpeta no sólo las apelaciones por el cambio de carátula, sino también por las libertades. Por ahora, la votación es 2 a 1. Resta que la presidencia fije fecha para la audiencia donde se presentan las "breves notas", se consulta a la fiscalía y a las partes. Nada de ello ocurrirá antes de que se eleve desde la Cámara Federal la oposición a su fallo. Eso podría demandar las siguientes 48 horas hábiles.
Sin embargo, la Sala IV con los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Figueroa tienen que definir la unificación en juicio de las causas por lavado de dinero contra Lázaro Báez y el presunto direccionamiento de obra pública, donde está procesada Cristina de Kirchner. Un tribunal oral consideró que debían ir juntas a juicio, con más de 30 imputados. Otro sostuvo que debían ir en dos juicios distintos. Casación define si hay "megajuicio", algo que la Sala II de la Cámara Federal había planteado como ideal en 2016. Hay una trampa. Cuanto más amplios sean los delitos y los acusados en juicio, menos velocidad tendrá el proceso y su eventual sentencia. Sin hablar de los obstáculos logísticos que se generarán. La misma Sala IV (pero con voto de Juan Carlos Gemignani en lugar de Figueroa) tiene entre manos definir la suerte de los recientemente excarcelados Carlos Zannini y Luis D'Elía. Pese a que tácitamente habían validado la denominada "doctrina Irurzun", ahora tendrán que volver a pronunciarse, con un ojo puesto en la Corte donde tramita un recurso mellizo. La Sala III, con Riggi, Gemignani y Mahíques arrastra una definición de extrema sensiblidad: la confirmación o no de las condenas por la Tragedia de Once. Inexplicablemente, ya se cumplieron dos años y cuatro meses desde la sentencia condenatoria a los 21 empresarios y exfuncionarios K. Casación evalúa de qué forma expedirse y lograr que haya chances de que los acusados cumplan con prisión efectiva. Aunque sea, a modo de gesto.
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