- ámbito
- Edición Impresa
Caso Greco: Cámara revocó procesamiento de ex procurador
Osvaldo Guglielmino
Guglielmino había sido procesado como supuesto coautor del delito de presunta «defraudación por administración infiel en perjuicio del erario», por orden del juez federal Sergio Torres en abril pasado. Tres meses antes, el ex funcionario había sido removido de su cargo al frente de la Procuración del Tesoro, a raíz de sus recomendaciones durante el conflicto que el uso de las reservas del Banco Central para pagar vencimientos de la deuda pública generó entre el Gobierno y la Justicia.
La imputación de Guglielmino en el caso surgió a partir de un supuesto cambio de postura del ex procurador frente a la tramitación del pago millonario, que se habría reflejado en la emisión de dos dictámenes. La defensa de Guglielmino, sin embargo, argumentó ante la Cámara Federal que «no se había acreditado ninguna intervención relevante por parte del imputado en los hechos, pues las notas que suscribió tuvieron únicamente la finalidad de devolver actuaciones que le fueron incorrectamente enviadas».
Los abogados del ex funcionario también resaltaron que «el imputado, en su carácter de procurador del Tesoro, no emitió opinión en esas ocasiones», así como que Guglielmino «no ejercía ningún tipo de representación ni patrocinio en el juicio civil», y que las notas firmadas fueron «meros formalismos».
El tribunal de alzada hizo lugar a estos argumentos y consideró que «a la fecha, no es factible descartar ni afirmar» que los abogados del Ministerio de Economía realizaran la supuesta operación ilícita en connivencia con el entonces procurador del Tesoro «con la finalidad de otorgarle cobertura formal suficiente a la maniobra para que sea concretada sin mayores inconvenientes», como había sugerido la resolución del juez Torres.
En consecuencia, la Cámara dictó falta de mérito para Guglielmino y sugirió una serie de medidas de prueba a Torres para que profundizara la pesquisa. Entre ellas, el tribunal recomendó establecer cuáles eran los teléfonos de los imputados en esa época y ordenar una lista de llamadas entrantes y salientes, así como su entrecruzamiento. También aconsejó investigar si durante el período de esas negociaciones los imputados se comunicaron por otros medios, como correos electrónicos, y revisar todos los antecedentes de las querellas judiciales entre el grupo Greco y el Estado nacional. El conflicto entre el grupo mendocino y el Estado data de una expropiación ordenada durante el último Gobierno militar. Luego de años de demandas judiciales, en 2005 el Ministerio de Economía, entonces a cargo de Felisa Miceli, intentó pagar unos $ 500 millones en bonos a los Greco, al margen de los juicios que todavía tramitaban. El escándalo por el intento de pago estalló en plena sesión legislativa, debido a lo exorbitado de la cifra y, a partir de ese momento, se inició un sumario interno que derivó en la pesquisa judicial por la que varios ex funcionarios están actualmente procesados.


Dejá tu comentario