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Catarsis bonaerense por los aumentos
Aranguren se mostró parco ante la queja de los intendentes, encabezados por el massista Joaquín de la Torre, de San Miguel. Pero hubo jefes comunales de todos los signos políticos, de Cambiemos y también del Frente para la Victoria. Sin embargo, el ministro tomó nota de las quejas y aseguró que coordinará el trabajo con los Ejecutivos distritales para implementar la tarifa social destinada a la población socialmente vulnerable. El mismo criterio se seguirá con pymes de esos distritos que ya les transmitieron a los intendentes su inquietud por el impacto de la suba de tarifas en las cadenas de valor.
El colectivo oficialista de Cambiemos envió a Néstor Grindetti (Lanús), Martiniano Molina (Quilmes), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Nicolás Ducote (Pilar). La misión del Frente Renovador estuvo encabezada por De la Torre y Julio Zamora (Tigre). El peronismo poskirchnerista se hizo presente a través de Gabriel Katopodis (San Martín), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Alejandro Rodríguez (jefe de Gabinete del Gobierno municipal de La Matanza), quien asistió en representación de Verónica Magario, ausente por un problema familiar.
Al término del encuentro pasó a saludar el ministro del Interior y Obras Públicas de la Nación, Rogelio Frigerio. El Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal envió al subsecretario de Gobierno, Alex Campbell. La demanda de los municipios surgió luego de que Aranguren confirmó que la tarifa plena pasará a $ 158, lo que significa un aumento del 500% para quienes recibían el subsidio (y pagan $ 26) y del 55% para quienes habían renunciado al subsidio (pagaban $ 102 mensuales).
La semana pasada, a través de un comunicado, difundieron la inquietud "en representación de muchos otros", los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de San Martín, Katopodis; de Almirante Brown, Mariano Cascallares y Juan Zabaleta, de Hurlingham. En un comunicado, los cuatro alcaldes tildaron la recomposición tarifaria de "una medida realmente alarmante por el impacto que causará en el bolsillo de la mayoría de los trabajadores y en la economía de las pymes e industrias de nuestros municipios y los de toda la provincia de Buenos Aires".
También expresaron que el Gobierno nacional "está preocupado por reducir el gasto y recaudar más" y afirmaron que lo hace "sin contemplar las políticas públicas que amparan a jubilados, hogares multifamiliares, trabajadores informales, titulares de programas sociales, vecinos con seguro de desempleo y de escasos recursos".
También recordaron los intendentes que las audiencias públicas "habilitan la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, donde todos aquellos que puedan sentirse afectados por una medida que habrá de adoptarse manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva con relación a la misma".


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