Celulares: si no mejoran, podrán suspender venta

Julio De Vido

El Gobierno podrá ordenar la suspensión de la venta y activación de nuevas líneas y servicios de telecomunicaciones para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad y asegurar el fortalecimiento de la competencia. Así lo establece el Decreto 681 publicado ayer en el Boletín Oficial, que parece dedicado sobre todo a las empresas de telefonía móvil por los sucesivos inconvenientes técnicos que se vienen produciendo en sus redes. También está subyacente el tironeo entre el Gobierno y las prestadoras por el desarrollo de la telefonía 4G y el uso que hará la empresa estatal Ar-Sat de las frecuencias del espectro radioeléctrico para telefonía móvil que le fueron adjudicadas en 2012.

El Decreto 681 incorpora un nuevo artículo al reglamento de licencias para servicios de telecomunicaciones y establece "medidas preventivas del deterioro en la calidad del servicio" que podrá disponer la Secretaría de Comunicaciones. Una de las alternativas es suspender la venta y activación de nuevas líneas.

Por otra parte, en 30 días, la Secretaría de Comunicaciones deberá dictar un nuevo reglamento que establezca los requisitos de calidad para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Según el decreto, las nuevas normas deberán asegurar "un uso eficaz, eficiente y racional de la red y del espectro radioeléctrico en atención al avance tecnológico y a las necesidades de los usuarios".

En los considerandos del decreto se indicó que resulta prioritario establecer nuevos requisitos de calidad que garanticen una efectiva prestación y exigir a los licenciatarios una permanente adecuación de las redes. Asimismo se hizo referencia a que entre un 30% y un 50% del total de las denuncias recibidas en todo el país por los entes competentes se dirigen contra las prestadoras de telecomunicaciones. Se afirmó en particular que entre febrero y abril de 2013 se incrementó la cantidad de reclamos efectuados a empresas de telefonía móvil, habiendo aumentado el 86,4% los referidos a créditos prepagos, el 70,65% por servicios de datos, el 24,72% por facturación, y el 10,16% por el servicio de mensajes de texto.

Con anterioridad a este decreto, el ministro Julio De Vido afirmó a fin de mayo que "muchos están más preocupados por mejorar la velocidad de internet móvil (telefonía 4G) para cobrarles un abono más caro a unos pocos usuarios de smartphones que en realizar las inversiones necesarias para que la gran mayoría de los usuarios tenga un servicio de telefonía móvil adecuado, a pesar de que las tarifas son libres y los márgenes de rentabilidad más que suficientes".