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Clásico: la película sigue ahora en los tribunales
Florencio Randazzo
La presentación de Randazzo, que se firmó el miércoles a la noche, sostiene que las acciones impulsadas por el gremio de camioneros (bloqueo a refinerías, anuncio de paro nacional, etc.) constituyen «un ejercicio abusivo del derecho de huelga, no tutelado por el ordenamiento jurídico». Luego detalla que «la gravedad de los hechos descriptos ha obligado a que una de las fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional) haya tenido que adoptar medidas urgentes».
Al mediodía de ayer, el ministro, que ahora también tiene bajo su órbita la Secretaría de Transporte, se presentó en el cuarto piso de Comodoro Py, donde tiene su despacho el juez Torres para ratificar la denuncia. A paso rápido lo acompañaba la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, cuya firma también está en el escrito. La jefa de los abogados del Estado también se ocupó de adjuntar al texto las medidas de prueba: disposiciones del Ministerio de Trabajo, copias certificadas del acuerdo salarial vigente hasta el 30 de junio y un acta del 14 de junio que da cuenta del inicio de las negociaciones paritarias. El objetivo de estos documentos es demostrar que las medidas de Moyano habrían sido precipitadas y arbitrarias.
En el gremio de camioneros, los abogados recibieron la denuncia, aparentemente, sin demasiadas inquietudes. Aseguran que los supuestos delitos que menciona Randazzo constituyen un híbrido difícil de comprobar, más aún si el análisis se lleva al terreno de la legislación laboral que suele proteger en extremo los derechos de huelga y movilización.
Fue un día agitado en el fuero federal criminal. Jueces y fiscales se comunicaron durante toda la mañana para intercambiar información, en especial con los magistrados sorteados para llevar las denuncias del Gobierno. Se paralizaron medidas que podrían tener impacto mediático y hubo contactos con hombres de la CGT. Respiraron un poco más tranquilos cuando chequearon que no habría movilizaciones del sindicato de camioneros a los tribunales. La última experiencia de ese estilo fue cuando el juez Norberto Oyarbide ordenó la detención de Gerónimo «Momo» Venegas. En esa ocasión, el edificio debió ser vallado por completo.
Torres no perdió tiempo y envió la denuncia al fiscal Gerardo Di Massi. Como suele suceder con los expedientes incómodos, le corresponderá a este último dictaminar si da cauce a la acción penal.
Por su parte, De Vido cargó judicialmente contra Luis Morales, jefe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). Sostuvo que él y otros empresarios «cerraron los teléfonos celulares cuando nos habían prometido la disposición de los camiones». El ministro de Planificación Federal presentó una denuncia por supuesta violación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera y aseguró que espera que la Justicia averigüe si hubo cómplices u otros involucrados. El expediente recayó en el juzgado de Julián Ercolini.
«Estamos percibiendo una actitud de Gendarmería. (Los agentes) amedrentan para que (los camioneros) trabajen y dejen el paro», expresó Moyano en declaraciones radiales.
El miércoles a la noche, el abogado de Camioneros, Daniel Llermanos, presentó en La Matanza una denuncia contra el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y los jefes de la Gendarmería por el operativo de seguridad.


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