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Códigos: apuro K de última hora para acordar con la oposición
Julián Álvarez, Julio Alak, Marcelo Fuentes, Diana Conti y Aníbal Fernández defendieron ayer en el Senado la última versión del Código Civil ante la oposición, que se niega a acompañar con el voto.
No es la idea que tenía el kirchnerismo de esta reforma que Cristina de Kirchner imaginó como una epopeya que dejaría como uno de los hitos principales de su paso por la presidencia al nuevo Código Civil argentino. Es lo que la llevó a decir, el día de la presentación en el museo de la Casa Rosada, que el acto la hacía sentir como Napoleón.
El proyecto ayer estaba en el peor de los mundos: la comisión que lo redactó no apoya la versión final que ideó el kirchnerismo; prueba de eso es que Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci no quisieron ir a la Bicameral; para que no quedara en evidencia claramente, preferían los planteos de la oposición antes que las posturas del oficialismo. A la Iglesia el Gobierno le dio parte de lo que pidió en los cambios, como eliminar maternidad sustituta del articulado, pero nada en materia de las facilidades que se introducen para agilizar el divorcio. El Episcopado, en realidad, obtuvo casi la totalidad de lo que pensaba lograr en la negociación al podarse todo ese capítulo de fertilización asistida, pero no lo suficiente como para que los curas aparezcan desde los púlpitos alabando este nuevo Código.
Con la oposición entera en la vereda de enfrente, el kirchnerismo quedó solo y muy lejos de ese ambiente triunfal que soñó para el emprendimiento.
Por eso ayer, tras la visita de Julio Alak, la Bicameral pasó a un cuarto intermedio y el kirchnerismo volvió a concentrarse en el despacho de Miguel Pichetto para negociar con radicales una salida que salvara la imagen de la reforma del Código.
Hay ofrecimientos en marchas de reformas a introducir que fueron pedidas por los radicales, pero hasta anoche el acuerdo no llegaba, ya que el punto central, la reinclusión de la responsabilidad civil en el Código, seguía innegociable. De hecho, por la tarde, el kirchnerismo le dio dictamen al proyecto paralelo sobre responsabilidad Civil del Estado que el Gobierno mandó al Congreso (ver nota aparte).
Hay otro problema que complica al Gobierno. La Bicameral se reunirá hoy y, tras poco debate, emitirá el dictamen de la reforma del Código Civil. Es el máximo plazo que puede darse el Gobierno para una negociación que le permita llegar a tiempo a votarlo en la sesión del próximo 27.
Ese plazo no alcanza para que Diputados lo apruebe. Ayer se confirmó que el kirchnerismo no quiere arriesgarse a que el proyecto pase de recintos en la misma noche. Se atendió a una amenaza de Elisa Carrió, que además de impugnar el funcionamiento de la Bicameral, advirtió que el dictamen de ese cuerpo no es suficiente para tener fuerza legal de despacho, sino que cada cámara debe convalidarlo. Esa cuestión está en debate aún, pero le agrega nerviosismo a la falta de tiempo.
Alak defendió ayer el proyecto y se concentró en el punto más conflictivo: "La responsabilidad del Estado corresponde al campo del derecho administrativo" y "estaría mal instalado en un cuerpo administrativo privado".
"El Código se expande a todo el país, por lo que incluir en él la responsabilidad del Estado sería una afectación clara y contundente del federalismo. Sería posibilitar que una cuestión de la provincia de San Luis sea juzgada por el Código Civil Nacional", dijo. "Barrería con muchísima legislación que las provincias vienen sancionando, que tienen que ver con obras públicas o régimen de empleo público, por ejemplo".
Después de Alak, Julián Álvarez se encargó de anunciar que el Gobierno había aceptado "un planteo que realiza la UCR, con relación a la incorporación de la imprescriptibilidad de acciones civiles en delitos de lesa humanidad".
El secretario de Justicia afirmó que hubo otro planteo de la UCR relacionado con "incorporar en lo relativo a la adopción el derecho a conocer el origen".
Pero ninguno de esos temas alcanzó para destrabar la cuestión de fondo que es la impugnación radical, del PRO y el peronismo disidente a que la responsabilidad civil del Estado quede fuera del Código.


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