Colombi acelera la demanda ante Corte

Ricardo Colombi

Corrientes - Mientras se prepara para batallar su reelección en los comicios de este año, el gobernador radical Ricardo Colombi promulgó y reglamentó la ley por la cual la provincia se baja del Pacto Fiscal de 1992, que habilitó el recorte del 15% de la coparticipación al interior para financiar el sistema previsional nacional.

Ahora, se abre una etapa de tono administrativo para informar sobre la medida a Nación y al resto de los mandatarios, para que cesen las retenciones de fondos.

Pero de no cesar esos tijeretazos, Corrientes concretará entonces una demanda ante la Corte Suprema de Justicia nacional en pos de recuperar recursos cedidos por

$ 3.500 millones. En esa presentación ya trabaja la Fiscalía General correntina.

Con esta movida, Corrientes se sumó a la estrategia desplegada el año pasado por otro mandatario crítico, el peronista díscolo José Manuel de la Sota (Córdoba).

En rigor, ya la provincia de Santa Fe desembarcó en el máximo tribunal nacional -durante la gestión del por entonces gobernador socialista Hermes Binner- para exigir el fin de esos recortes, tras la estatización de las AFPJ.

Pero Córdoba optó por aprobar primero la desadhesión al Pacto, como una manera -consideran- de mejorar sus chances de imponerse en la pelea judicial. Colombi, ahora, marcha por esa senda.

Sin embargo, la aspiración parece difícil de concretar ya que, según recalcan desde la Casa Rosada, para renunciar a ese entendimiento general debe haber un acuerdo entre las 24 jurisdicciones del país.

De hecho, ya varios gobernadores de corte kirchnerista salieron a cuestionar públicamente esas estocadas.

Por de pronto, en el caso correntino, la denuncia del Pacto Fiscal fue aprobada por el Parlamento correntino semanas atrás.

Según lo reseñado por El Litoral de Corrientes, la norma avala en su artículo quinto el inicio de "acciones judiciales a la Nación, analizando si lo hace en forma individual como provincia o solicita un "Litisconsorcio activo" con la provincia de Santa Fe y otras provincias que litiguen ante la Corte por las mismas causas y el mismo procedimiento".

La ley sancionada también determina que el 30% de los recursos que se recuperen -en caso de prosperar el planteo- será destinado a viviendas; el 15%, al Instituto de Previsión Social, y el resto a Rentas Generales.