Con intendentes y oposición, coordinan plan de seguridad

Gabriel Mariotto y Alejandro Granados encabezaron ayer la primera reunión del Consejo de Seguridad tras la declaración de la Emergencia por un año que rige en la provincia.

Buenos Aires - El Gobierno de Daniel Scioli defendió ayer ante legisladores del oficialismo y de la oposición el paquete de medidas contra el delito contemplado en la decretada Emergencia en Seguridad por un año, y cosechó reparos y cuestionamientos a la letra chica de la iniciativa.

El vocero fue el ministro de esa cartera, Alejandro Granados, en el seno del Consejo de Seguridad Provincial que se reunió ayer por la tarde en la sede ministerial de la ciudad de La Plata.

Pese al paro nacional de las CGT disidentes y de la CTA opositora, la jornada bonaerense estuvo fuertemente marcada por la reacción oficial frente a la inseguridad.

En esa línea, la agenda de Scioli incluyó un encuentro al mediodía en la sede porteña de la Federación Argentina de Municipios (FAM) para analizar junto a un grupo de intendentes los puntos contemplados en el Plan de Emergencia.

Luego el mandatario y presidenciable 2015 se reunió con el vicegobernador Mariotto, quien en los últimos días ofició de amplificador de reparos contra el plan disparados por el ultrakirchnerismo, bajo el precepto de que "no hay seguridad sin inclusión y equidad".

El titular del Senado bonaerense se encargó de anunciar luego la decisión del Ejecutivo -a instancias de las "recomendaciones recibidas", dijo- de crear una "Unidad de Coordinación" para la implementaciòn de políticas sociales ligadas al combate de la inseguridad y como parte de la decretada emergencia, que quedará a cargo del propio Mariotto y del jefe de Gabinete, Alberto Pérez. La competencia incluirá la contención de sectores vulnerables y en conflicto con la ley y la reinserción laboral de expresos, entre otros ejes.

En el encuentro del Consejo de Seguridad, por su parte, Granados detalló la ingeniería lanzada el sábado por Scioli, que contempla la convocatoria a policías retirados para custodiar puntos fijos y liberar efectivos a las calles, y una fuerte inversión en equipamiento policial, entre otros ejes. A la misma mesa se sentaron las autoridades de la Legislatura -Mariotto y Horacio González-, los presidentes de bloque y los titulares de las comisiones de Seguridad del oficialismo y de la oposiciòn.

En reacción, los legisladores opositores enfatizaron que el llamado al Consejo -que se reunirá periódicamente- debió haberse concretado "antes del anuncio de las medidas" y elevaron reparos al plan.

"El ministro reconoció que algunas de las medidas -como la convocatoria a retirados o la interacción con el sistema de seguridad privada- ya fueron tomadas y fracasaron", aseguró por caso el diputado del Frente Renovador, Mario Giacobbe, además de afirmar que Granados prometió que habrá 10 mil nuevos policías este año en las calles (también afirmó que ya hay más de 25 mil inscriptos en las campañas de reclutamiento) y que admitió la preocupación por el elevado ausentismo en la fuerza. El partido que lidera el exintendente de Tigre, Sergio Massa, insistió además en la "inconstitucionalidad" del formato de decreto de emergencia y en la necesidad de que la estrategia sea sancionada por la Legislatura.

El Consejo fue convocado el pasado sábado por Scioli, lo mismo que a la Mesa Provincial de Políticas de Justicia, que sesionó el miércoles ante legisladores del oficialismo y de la oposición bajo el comando del ministro Ricardo Casal, junto a Mariotto y Pérez.

La agenda incluyó el análisis de medidas impulsadas por el Ejecutivo, como la modalidad de oralidad y publicidad de las audiencias en las que se definan excarcelaciones, y un proyecto de ley que garantice y otorgue más derechos a víctimas de delitos.