Confirman procesamiento de Tierno

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró «improcedente» un recurso extraordinario federal y, de ese modo, dejó firme el procesamiento por el delito de abuso de autoridad contra el ex intendente de Santa Rosa Juan Carlos Tierno (PJ).

Tierno condujo la municipalidad de Santa Rosa entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, y ahora deberá afrontar un juicio oral y público.

La Justicia pampeana le pondrá fecha al juicio oral contra Tierno y otros cuatro ex secretarios municipales, Oscar Vignatti (Hacienda), Juan Pablo Fasce (Gobierno), Viviana Rodríguez (coordinadora) y Blanca Soto (Acción Social).

El proceso contra Tierno y sus ex funcionarios comenzó con una denuncia de los concejales del entonces opositor Frente Pampeano Cívico y Social (Frepam), actualmente Gobierno en la municipalidad. La denuncia se originó por la sanción de la Resolución 21/08, por la que Tierno y su gabinete aprobaron el Presupuesto 2008 y la Tarifaria, dos instrumentos que deben ser sancionados por ordenanza, según la Ley Orgánica de Municipalidades. Inicialmente, el juez de instrucción Carlos Besi dictó la falta de mérito, pero posteriormente el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) procesó al ex intendente de Santa Rosa y a cuatro de sus ex secretarios.

El juez Pablo Balaguer, del TIP, revocó el fallo de primera instancia de Besi y, luego, la resolución de Balaguer fue respaldada por el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa.

Entonces, los imputados recurrieron en queja a la Corte, que desestimó la presentación en un fallo firmado el 6 de octubre.

El ex jefe comunal protagonizó una serie de escándalos en el verano de 2008 y, finalmente, en medio de cuestionamientos de su propio partido peronista y movilizaciones en las calles, fue echado de la intendencia por el gobernador Oscar Jorge (PJ) y la mayoría de los diputados.

En su lugar, se designó a un interventor y, posteriormente, la intendencia fue ganada en una elección por el Frepam.

Tierno alcanzó fama nacional porque en su corto período de gobierno, que duró menos de 100 días, participó de procedimientos por el ordenamiento del tránsito, clausuró una iglesia evangélica, ordenó el desalojo de manifestantes, pretendió prohibir a menores de 12 años que circularan en bicicletas por las veredas, intentó colocar microchips a los perros y resolvió dictar un presupuesto sin autorización de los concejales.