Internas cruzadas involucran a “Superliga” de jueces, puja por voto faltante y posición de magistrados. PRO va por acusación genérica.
Dictamen. El oficialismo tiene mayoría holgada en Comisión de Disciplina contra Eduardo Freiler, camarista de la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py.
La mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura avanzará este lunes en la aprobación del dictamen de juicio político del camarista federal Eduardo Freiler. Pese a las objeciones y flaquezas que había exhibido la acusación original en los cálculos hechos por la comisión encabezada por el macrista Pablo Tonelli, la avanzada para desplazar al juez continuará. Los mismos cuatro puntos sobre los que giró el primer planteo (sólo restaron uno por su inexactitud) por el que se lo citó a indagatoria serán plasmados en el dictamen que el bloque mayoritario no tendrá dificultades numéricas en aprobar. Es una incógnita si en la reunión de trabajo donde el tema está en la orden del día se intentará dejar afuera al senador K, Ruperto Godoy, que apeló el fallo que ordenó su cese. La relevancia no está en esa votación, sino en la posibilidad de que quede afuera del plenario para que el total pase a 12 y le ahorre a la Casa Rosada una negociación. Con 8 votos alcanzaría. Hoy el juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico se apresta a definir el efecto suspensivo o devolutivo de su apelación que generó un cimbronazo en el grupo minoritario, que hasta ahora se había mantenido abroquelado.
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Aunque no definitivo, la aprobación del dictamen repercutirá en la política judicial, dejando a Freiler en una situación más comprometida. Esta posibilidad no pasó inadvertida a la flamante "Superliga" de jueces federales con epicentro en Comodoro Py. El camarista no integra el círculo de influencia de la nueva agremiación de federales, quienes lo ralearon de los prolegómenos del lanzamiento de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE). Pero muchos magistrados hicieron un cálculo político: ¿Debutará la agrupación que aspira a ser un polo de poder autónomo frente a otros poderes del Estado con una baja entre sus propias filas? No fue la intención que trasuntó de los primeros tanteos que hizo uno de los exponentes de AJUFE ante el Consejo para interesarse en la suerte del expediente disciplinario contra Freiler. Los ojos se posarán sobre el rionegrino Leónidas Moldes, único magistrado con chapa de federal que tiene una banca en el Consejo por el estamento de los jueces. El macrismo cuenta con su voto, en sintonía con su accionar dentro del bloque mayoritario. Pero la promesa de un eventual vació en los pasillos de tribunales si vota para descabezar a uno de los propios, complejiza escenario. A los jueces no les interesa Freiler ni su caso, sino la facilidad que tendría la Casa Rosada -con el nuevo esquema de fuerzas en el Consejo- para azuzar el látigo contra quienes considere. También tomaron nota de la avanzada -inicialmente mediática y luego judicial- contra Rodolfo Canicoba Corral, pese a haber dictado el sobreseimiento del titular de la AFI, Gustavo Arribas. La acusación es por el presunto cobro de un sobresueldo de fondos de inteligencia. El noveno voto, de necesitarlo, lo buscarán en torno al académico Jorge Candis que se calificó de autónomo y lamentó operaciones cruzadas que deslizaban la posibilidad de que hubiese sido cooptado del bloque K por el macrismo. La votación suturaría la grieta existente entre el juez Luis María Cabral, el consejero por el Ejecutivo, Juan Bautista Mahíques y Tonelli por Diputados. Los desacuerdos en la metodología implementada por este último había trazado desacuerdos sobre cómo alcanzar los resultados que exige el Gobierno.
Para el caso de Freiler, sin importar su descargo y los elementos que presentó en su defensa, los consejeros le reprocharán no haber declarado unos cuatriciclos que en realidad pertenecían a sus padres; no haber consignado correctamente el flujo de ingresos en sus Declaraciones Juradas; el pedido de licencias presuntamente "falsas", aunque no quedaron del todo acreditadas a cuáles se referían; y le reprocharon incumplimientos fiscales, aunque la AFIP no le hizo investigaciones. Los consejeros aducirán que si el organismo recaudador no actuó, el asunto no escapa a la competencia del Consejo. De todas formas, se cuidarán de consignar que esos hechos deberán ser analizados "con una perspectiva integral". Bajo esta óptica, justificaron que el proceso debe analizar la "totalidad de la conducta del juez en cuanto lo crea conveniente", y no un hecho irregular puntual, como los expedientes de la Justicia penal. Por eso buscarán argumentar que la sumatoria general de esas descripciones constituyen la irregular conducta en términos subjetivos, sobre las que recolectaron fojas y documentos que van desde facturas de Metrogas hasta títulos de propiedad, gastos de tarjeta de crédito y hasta el más mínimo aspecto financiero de Freiler de forma retrospectiva. Sorpresivamente, parte de la prueba de descargo la solicitará con posterioridad a impulsar la acusación. Resolverán que estas sospechas "perjudican" su investidura y el servicio de justicia. Falta de idoneidad en términos morales ampararán el pedido de destitución. El interrogante se trasladará al plenario del 1 de junio, cuando supuestamente se vote su suspensión y enjuiciamiento.
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