Córdoba: carta documento a Nación por coparticipación

De la Sota la notificó de que se bajaron de Pacto Fiscal, paso previo a Corte; ¿desadhiere Corrientes?

José Manuel de la Sota

En paralelo a la mediatizada batalla en la Corte en pos del pago de $ 1.040 millones para la Caja de Jubilaciones, el gobernador José Manuel de la Sota avanzó con la otra estocada que encarna, de la mano de una notificación administrativa a Nación -vía carta documento- para informarle que la provincia se bajó del Pacto Fiscal que, en 1992, habilitó los recortes del 15% de la coparticipación para financiar al sistema previsional nacional.

Ese paso se concretó el pasado viernes, y los destinatarios fueron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Si no hay respuesta de la Casa Rosada, el Ejecutivo mediterráneo intimará luego a Nación para exigir que cesen los tijeretazos. Y si eso no prospera, la volverá a demandar ante el máximo tribunal.

Días atrás, el mandatario -un peronista crítico con aspiraciones presidenciales para 2015- logró que la Legislatura le sancionara la ley que desadhirió a Córdoba de ese pacto fiscal.

Luego notificó a los gobernadores sobre la medida y los invitó a imitarla, aunque recibió en respuesta una andanada de cuestionamientos de una decena de mandatarios kirchneristas. El reclamo por la detracción de la coparticipación llegó hace cerca de tres años al alto tribunal, a través de una presentación de Santa Fe que aún no tiene fallo (ayer, el mandatario socialista Antonio Bonfatti volvió a quejarse por el reparto inequitativo).

En paralelo, y tal como lo informó este diario, también el gobernador correntino, Ricardo Colombi (UCR), pretende desembarcar en la Corte con ese reclamo a Nación (al que le suma exigencias en materia de fondos adeudados por regalías y obras).

Para ello, esta semana comenzaría a ser tratado un proyecto de ley presentado por el senador radical Noel Breard, en pos justamente de dar por terminado el pacto en la provincia, como ya lo hizo Córdoba.

Colombi se esperanza con que se concrete ese paso -que recibirá un previsible rechazo del peronismo, en línea con la Casa Rosada-, para luego concretar la demanda ante el alto tribunal.

En rigor, en los últimos días se multiplicaron en las provincias los intentos de la oposición de aprobar en los Parlamentos la desadhesión de sus distritos al pacto que habilitó los recortes en la coparticipación, o al menos proyectos para reclamar al gobernador para que eleve un planteo a Nación.

Sin embargo, en la mayor parte de los casos esa aspiración se topa con la decisión de los Ejecutivos de corte K de no avanzar en ese sentido en homenaje a los lineamientos de las políticas federales.

Por caso, en Mendoza, la Legislatura tiene previsto tratar hoy un texto presentado por la UCR que pide iniciarle juicio a Nación por la detracción en la coparticipación, y que ya hizo caer una sesión la semana pasada, a instancias del rechazo del justicialismo enrolado con el mandatario K Francisco «Paco» Pérez.

Capítulo

Mientras tanto, ayer se dibujó un nuevo capítulo en la pelea entre Córdoba y Nación por los fondos no enviados a la Caja de Jubilaciones local durante 2011, y que llegará el próximo 10 de septiembre a la Corte, audiencia de por medio.

Desde la vereda oficial, la vicegobernadora Alicia Pregno salió a defender la legitimidad del reclamo de la provincia, que denuncia no haber recibido $ 1.040 millones pese a que así lo dicta un convenio de rigor.

Sin embargo, la Casa Rosada se monta en el mismo convenio para asegurar que no envía los fondos porque el Gobierno mediterráneo se negó a armonizar su sistema jubilatorio -por caso, se paga el 82% móvil- con el nacional.

Ayer desde el Gobierno cordobés intentaron rebatir ese argumento y difundieron un informe sobre cómo otras provincias que «armonizaron menos que Córdoba» pudieron recibir sin embargo fondos en 2011 en ese rubro.

Por caso, remarcaron que en 2011, mientras que Córdoba no recibió un peso, Santa Cruz accedió a $ 360 millones, Entre Ríos a $ 293 millones, Chaco a $ 150 millones y Misiones a $ 21 millones.

También enfatizaron que Santa Cruz, Chaco y Entre Ríos no respetan las edades nacionales para acceder a la jubilación; que Santa Cruz no armonizó el cálculo del haber inicial y que todos esos distritos siguen aplicando subas a pasivos cada vez que reciben un aumento los activos.

En la vereda nacional, en tanto, el senador del Frente para la Victoria Aníbal Fernández cuestionó a De la Sota por los retoques jubilatorios que impulsó en su distrito, que postergan por 180 días las subas a los pasivos tras ser concedidas a los activos. «No se puede hacer esta locura; al Estado nacional le interesan los jubilados de todo el país», dijo, además de tildarlo de «capitalista».