Corte apura a jueces para difundir sentencias

Ricardo Lorenzetti

La Corte Suprema se adelantó ayer al proyecto del Gobierno avalado por el Congreso que establece la publicación de todos los fallos judiciales. Los ministros firmaron una acordada que establece que todos los fallos de las cámaras y los tribunales (federales y nacionales) deberán ser difundidos por el Centro de Información Judicial (CIJ). La medida se extiende a sentencias, acordadas y resoluciones administrativas. Al mismo tiempo el máximo tribunal se reservó la potestad de autorizar convenios con entidades dedicadas a publicar fallos.

La acordada contó con la firma de todos los ministros con excepción de Eugenio Zaffaroni quien se encuentra en el exterior. Disposición en sintonía con una idea que ayer sobrevoló la reunión de acuerdo: la Corte pensó sus propias reformas antes de que en el oficialismo se instalara la decisión de reformar el Poder Judicial. Lo mismo ocurre con la publicación de las declaraciones juradas ya que la Ley de Ética Pública tiene vigencia en el máximo tribunal desde 2007.

Cuando Cristina de Kirchner hizo hincapié en la publicidad de las causas durante la apertura del año legislativo, anticipo del envío al Congreso de los proyectos de reforma, en la Corte no se inquietaron "siempre entendimos que sentencias debían ser de acceso público", recordó un justice.

Sentencias

"Por ser el dictado de sentencias la función propia del Poder Judicial de la Nación, le corresponde a esta Corte, como cabeza de este Poder de Estado, disponer todo lo concerniente a la difusión primaria de las sentencias de los tribunales inferiores", expresa la acordada en sintonía con un concepto central en el cuarto piso de la calle Talcahuano: el máximo tribunal no es un simple ámbito de control constitucional, sino que tiene facultades de superintendencia, que los ministros se han propuesto defender.

Ésta será una de las claves de las conversaciones entre la Corte y el Gobierno, especialmente si este último decreta el cambio por bonos del fondo de ahorro del máximo tribunal. "De nada sirve contar con oficinas para el desarrollo de políticas públicas si éstas se quedan sin fondos", explican en la Corte. El CIJ es una de estas unidades, al igual que sucede con las de índole ambiental o de género.

La decisión de publicar los fallos igualmente preserva el derecho de los tribunales y las cámaras de adoptar los resguardos legales cuyas autoridades estimen convenientes, especialmente en cuanto a los derechos personalísimos que podrían verse afectados por la difusión de los fallos.

Por el momento la resolución no incluirá a los poderes judiciales de las provincias. Implementarlo supondría una burocracia mayor para difundir fallos ajustados a las constituciones provinciales.

Un aspecto que tiene peso específico entre los ministros, no sólo en el caso de los justiciables sino también en el de los jueces. La inquietud por la publicación de las declaraciones es una constante, especialmente en aquellos magistrados que investigan organizaciones criminales. y cuyos datos personales podrían quedar expuestos.

Con este panorama, el CIJ se consolida como oficina clave en sintonía con el lanzamiento de un portal informativo desde el Ministerio de Justicia cuyo perfil es de índole más periodística y con una línea editorial absolutamente alineada con Balcarce 50.

Proyecto que alienta el secretario de Justicia, Julián Álvarez, funcionario convencido de que el kirchnerismo debe librar una "batalla cultural" en el plano de los contenidos jurídicos.

Actualmente el envío de fallos al CIJ depende por completo de la voluntad de sus autores. Una conducta que la Corte aspira a revertir en el mediano plazo.

Un asunto que probablemente se introduzca en la próxima reunión que Ricardo Lorenzetti mantenga con los titulares de las cámaras federales de todo el país.