Corte citó a Binner y a Boudou

Hermes Binner

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió convocar al ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou y al gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, a una audiencia pública, que se realizará el próximo 17 de marzo, a las 10.

La cita se da en el marco de la causa iniciada por esa provincia en pos de que se declare inconstitucional la prórroga del recorte del 15% de la coparticipación total que sufren las provincias para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), revitalizada tras la estatización de las AFJP.

De esta manera, avanza en el máximo tribunal nacional una puja clave para las provincias: la que pretende instaurar una distribución más justa para el interior de los recursos coparticipables. Hoy la tajada con la que se queda Nación, a fuerza de sucesivos parches en la Ley de Coparticipación Federal, es superior al 70% de la torta total.

En su estrategia, Binner eligió priorizar uno de los costados de esa discusión: la irritación de los gobernadores por la continuidad del financiamiento a un organismo nacional que recibió millonarios fondos tras la estatización de las AFPJ en octubre de 2008, y que es señalado como habitual fuente de recursos de la Casa Rosada para los repartos de fondos de corte discrecional.

En su embestida judicial, el Estado provincial plantea la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley 26.078, que prorrogó -sin acuerdo previo de las provincias- la detracción del 15% de la masa coparticipable con destino a fortalecer a la ANSES, establecida originalmente por tiempo limitado en el Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992, suscripto entre el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales (y ratificado luego por la Ley Federal N° 24.130 y por la Ley santafesina N° 10.955).

La pretensión del gobernador socialista -compartida por otros mandatarios, algunos de los cuales también ya activaron la vía judicial- es que se declare la plena coparticipación de esos fondos, en los términos y porcentajes que a la provincia le asigna la ley convenio vigente N° 23.548.

No es todo: el Ejecutivo santafesino también exige que se ordene, consecuentemente, la restitución o reintegro de todos los fondos detraídos por ese concepto desde la expiración de los compromisos federales entre la Nación y las provincias (31 de diciembre de 2005), hasta la fecha de efectivo pago.