DAIA suma abogados y se aleja más del acuerdo

Pablo Lanusse

La DAIA sumó ayer a Pablo Lanusse como penalista experto en la investigación del atentado a la AMIA y al constitucionalista Daniel Sabsay al equipo especial de asesoramiento legal a las entidades sobre la causa, que había comenzado a integrarse con Luis Moreno Ocampo.

La incorporación de los tres se debe exclusivamente a la idea de reforzar el asesoramiento a los abogados de las entidades para manejar el nuevo marco jurídico que supone el acuerdo entre la Argentina e Irán que crea la Comisión de la Verdad y habilita el viaje del juez y el fiscal a Teherán a tomar declaración indagatoria a los iraníes acusados en la causa.

En realidad, más que un equipo de asesoramiento en derecho penal, constitucional y el aporte internacional, como es el caso de Moreno Ocampo, las incorporaciones buscaron reforzar la posición y los cuestionamientos de las entidades en contra de ese acuerdo. Ayer, un nuevo comunicado de la AMIA lo dejó en claro al hablar de su posición frente al "memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994 ... difundido sorpresivamente el domingo 27 de enero de 2013".

En un tono más duro que el de las últimas declaraciones, la AMIA exigió: "Al tratarse de una de las causas judiciales más complejas de la historia de nuestro país, con más de 18 años de espera y lucha incansable, exigimos absoluta responsabilidad a quienes son los encargados de tomar decisiones trascendentales en la búsqueda de justicia".

Esta vez el rechazo al acuerdo fue directo y sin dejar dudas: "Tenemos la obligación de alertar sobre los riesgos de establecer acuerdos con las autoridades iraníes... Manifestamos así nuestro rechazo al memorándum suscripto por ambos países, de cuyo contenido no fuimos consultados, por considerarlo contrario a la legislación argentina y con peligros concretos para el futuro de la causa".

Y como correlato de la incorporación de juristas, aparece en el comunicado la primera interpretación legal en contra del contenido de ese memorándum: "Como querellantes es nuestra obligación velar por la legalidad de todos los actos vinculados con el caso, y el eventual cumplimiento del memorándum en los términos en que fue acordado, estableciendo una Comisión de la Verdad, conllevaría a la nulidad insalvable del trámite de la causa judicial, y a postergar de manera indefinida el reclamo de la Argentina respecto de los funcionarios iraníes sospechados y con pedidos de captura internacional".

Dijo la AMIA: "Cualquier instrumento o acuerdo que se busque establecer para permitir el avance de la causa judicial debe ser realizado en el marco de la ley argentina, avalando las conclusiones a las que llegó la Justicia argentina luego de años de investigación -respaldadas al día de la fecha por Interpol- y teniendo como principal objetivo que los sospechosos puedan ser indagados por el juez natural de la causa, conforme lo exige nuestro ordenamiento legal".