De la Rúa vs. Ruckauf

Fernando de la Rúa reiteró ayer ante el juez Claudio Bonadío que «no hubo ninguna orden de represión» del Gobierno hacia los manifestantes durante los disturbios de diciembre de 2001 y que sólo se había acatado la orden de la jueza de la Capital Federal, María Servini de Cubría, de desalojar la Plaza de Mayo.

El ex presidente amplió su declaración en la causa en la que está imputado por el presunto delito de «homicidio culposo» de cinco personas y las lesiones sufridas por otras 234 en las inmediaciones del Obelisco y de la Plaza de Mayo. Si bien el juez a cargo había dictado su sobreseimiento, la Cámara Federal porteña revocó el fallo y ordenó que se profundizara la investigación.

De la Rúa también señaló ante el juez que no había habido una reunión previa a los desmanes para pautar medida de seguridad en la Casa Rosada y que recién supo de las muertes cuando ya había presentado su renuncia y estaba en la quinta de Olivos, a través de una llamado del entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov, procesado en la causa y a la espera de la elevación a juicio oral y público. Además destacó que tomó la decisión de decretar el «estado de sitio» tras un pedido de los gobernadores, «principalmente de Ruckauf».

Al salir de los tribunales de Comodoro Py, el ex presidente agregó en declaraciones a la prensa que su caída se había producido por «un golpe civil e institucional», por el que responsabilizó «al justicialismo de la provincia de Buenos Aires. que tuvo como fin llevar a (Eduardo) Duhalde a la Presidencia» y concretamente lo atribuyó al entonces gobernador bonaerense Carlos Ruckauf.