21 de noviembre 2014 - 00:00

Decretazo de Obama: regularizará a 4,7 millones de indocumentados

El presidente Barack Obama ultima los detalles del discurso en su despacho. La imagen fue clasificada como “la foto del día” por la Casa Blanca.
El presidente Barack Obama ultima los detalles del discurso en su despacho. La imagen fue clasificada como “la foto del día” por la Casa Blanca.
 Washington - El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció anoche que ayudará a casi cinco millones de inmigrantes indocumentados a evitar su deportación por los próximos tres años a través de una serie de decretos (órdenes ejecutivas), una decisión que tomó por el bloqueo legislativo a la reforma migratoria y que desencadenó la furia de la oposición republicana.

"Estas medidas no son una amnistía", afirmó Obama en un mensaje a la nación en el que explicó los decretos que firmó para regularizar a casi la mitad de los 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en el país. "Son medidas basadas en el sentido común", subrayó. El discurso, programado para el mayor horario de audiencia, no fue televisado por todas las cadenas (ver recuadro aparte).

El mandatario instó a los republicanos a votar la reforma migratoria. "Para aquellos miembros del Congreso que cuestionan mi autoridad para hacer que nuestro sistema de inmigración funcione mejor o que cuestionan la sabiduría de mi actuar donde el Congreso falló, tengo una respuesta: voten un proyecto de ley", subrayó.

El plan, destinado a personas que llevan cinco años viviendo en Estados Unidos, permitiría que 4,4 millones de padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes puedan quedarse temporalmente en el país, sin sufrir la amenaza de la deportación. Además, esos indocumentados podrán aplicar legalmente a puestos de trabajo y de esta manera integrarse a la sociedad estadounidense.

Otras 270.000 personas podrán calificar para la flexibilización de los criterios del programa Acción Diferida para Llegados en la Niñez (DACA, en inglés), adoptada en 2012 por Obama, que evita la deportación de los niños que fueron ingresados ilegalmente a Estados Unidos por sus padres.

También se expandirá el programa que ofrece visas temporales a estudiantes extranjeros que se gradúan de programas especializados y de alta calificación en universidades estadounidenses, y se ampliará una iniciativa que concede visas a las personas con "capacidades excepcionales".

El objetivo de los decretos presidenciales es modificar los lineamientos de las deportaciones, centrándose en expulsar a sospechosos de terrorismo, miembros de pandillas y delincuentes.

Por otra parte, quienes hayan cruzado la frontera a partir de este año no califican para los beneficios. De esta manera se busca evitar "el efecto llamada".

Paralelamente, las disposiciones contemplan un incremento de la seguridad fronteriza.

Las regulaciones no son definitivas, dado que al tratarse de medidas ejecutivas, el sucesor del mandatario puede revocarlas cuando llegue al poder.

La medida, que allanaría el camino para cumplir parte de la prometida reforma migratoria, eje de la campaña de Obama en 2008, despertó la furia de los republicanos, que a partir de enero controlarán las dos cámaras del Congreso. El mandatario optó por los decretos ante la negativa de la Cámara de Representantes (controlada por la oposición) de discutir y votar un proyecto de reforma migratoria que fue aprobado por el Senado el año pasado.

Entre los más beligerantes se encuentra el senador por Texas, Ted Cruz, quien calificó al mandatario de "monarca" por tomar la medida de manera unilateral, sin pasar por el Poder Legislativo.

Por su parte, el senador por Kentucky, Mitch McConnell, futuro líder de la mayoría republicana en el Senado, prometió acción por parte del Congreso para evitar que los decretos entren en vigencia. "Si el presidente Obama avanza en desafiar al pueblo e impone su voluntad sobre el país, el Congreso actuará. Estamos considerando varias opciones, que nadie se confunda", dijo ayer en una intervención en la Cámara alta.

En la Cámara de Representantes, los republicanos sugirieron que podrían provocar un nuevo cierre parcial de la administración federal, como el de octubre de 2013, con el bloqueo de una nueva propuesta de ley presupuestaria que se espera sea discutida el 11 de diciembre.

En tanto, grupos proinmigrantes celebraron la decisión del mandatario. Numerosos activistas se reunieron anoche frente a la Casa Blanca para seguir en directo, a través de sus tablets y celulares, el anuncio.

De acuerdo con el Center for American Progress (CAP), las medidas migratorias tendrán un gran efecto económico. Se añadirían 159.000 nuevos trabajos cada año durante los próximos cinco años, y se pagarán impuestos adicionales por valor de 144.000 millones de dólares a nivel federal, local y estatal.

Agencias Reuters, EFE y AFP,


y Ámbito Financiero

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