Definitivo: Corte prohíbe la creación de gremio policial

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Los policías no tienen derecho a sindicalizarse, resolvió ayer la Corte Suprema en votación de tres contra dos, al poner fin a una controversia de dos décadas que divide a los especialistas. Un fallo del máximo tribunal prohibió la formación de un gremio de efectivos de la Policía Bonaerense con el argumento central de que la Constitución no lo avala explícitamente y que los gobiernos tienen la potestad de restringir o incluso impedir esa posibilidad, a pesar de la existencia de normativa internacional en sentido contrario.

La resolución, de cuya inminencia dio cuenta este diario a fines de marzo, contó con los votos de los cortesanos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz y la disidencia de Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Desde que se conoció que el expediente estaba listo para una determinación final al menos una docena de organizaciones de policías y penitenciarios en varios puntos del país permanecía en vilo. La problemática trepó al tope en la opinión pública durante las rebeliones policiales que explotaron en diciembre de 2013 en varias provincias y que sacudieron esas administraciones y el Gobierno nacional por varias semanas.

Las diferencias entre los expertos del derecho laboral se trasladaron a la propia Corte, que hasta último momento estaba empatada con dos votos para cada posición enfrentada. El desempate corrió por cuenta de Rosenkrantz que terminó de analizar el caso del Sindicato Policial Bonaerense (Sipoba) y se inclinó por la negativa a sus pretensiones de obtener la inscripción gremial. Las posiciones a favor de la agremiación policial, además de Maqueda y Rosatti, tienen adherentes tan disímiles como el excortesano Eugenio Zaffaroni y la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que durante las rebeliones de 2013 (era diputada nacional) respaldó la creación de sindicatos para el sector.

La Corte, que había hecho en agosto pasado una audiencia pública para tratar la cuestión con la participación de amicus curiae que sostuvieron una y otra posición, examinó para el fallo la Convención Constituyente de 1957 y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Si bien el organismo internacional avala la creación de gremios policiales, deja en libertad de acción a los gobiernos para definirse por una u otra alternativa por entender que la potestad del manejo de armas de fuego no permite equiparar a los uniformados con otros trabajadores. En ese punto, los cortesanos establecieron que el artículo 14 bis de la Constitución no concede taxativamente el derecho de sindicalización.

Al pronunciarse en ese sentido el máximo tribunal siguió la línea sugerida por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Y también avaló una ley bonaerense que prohíbe de manera expresa la creación de gremios policiales, así como las resoluciones del Ministerio de Trabajo en igual sentido.

En disidencia, Maqueda evaluó que la normativa internacional habilita la constitución de sindicatos de la actividad, aunque sin la posibilidad de ejercer el derecho de huelga. Rosatti, en cambio, se basó en la interpretación del artículo 14 bis que permite la inscripción "en un registro especial" de gremios policiales.

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