El 3 de octubre, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA emitió una resolución en la que manifestaba su profunda preocupación por el monto asignado en el Proyecto de Presupuesto 2017 para al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt) en particular, y para la Ciencia en general (... "el presupuesto del Mincyt es recortado en términos absolutos en casi mil millones de pesos, lo que representa una reducción del 32,5% respecto de 2016").
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Sin embargo en el proyecto de este año, el Mincyt tiene una asignación de $13.956, un 18,4% más que lo que se prevé ejecutar en 2016. Lo que sucede es que la porción de gasto que ejecuta de manera directa se reduce en más de $1.000 millones, mientras que el presupuesto de los organismos descentralizados bajo su órbita se incrementa de manera significativa (+36%), más que compensando la reducción.
Si bien es cierto que la participación del Mincyt es menor a la alcanzada en años anteriores, la diferencia no es muy significativa (en 2010 la ejecución alcanzó el 0,61%).
"Esta reducción del presupuesto para ciencia y tecnología va a impactar negativamente en la financiación de la investigación que se realiza en las Universidades Nacionales y en otros centros del país...". De este párrafo surgen dos afirmaciones: que el presupuesto para ciencia y tecnología se reduce y que habrá un impacto en la investigación.
El total de gastos en CyT para 2017 es de $31.728 (el Mincyt representa el 44%), un aumento del 24,7% respecto de la previsión de cierre para 2016, por encima del crecimiento del gasto total (+22,1%), y las transferencias que el Ministerio de Educación realiza a las universidades nacionales crecen un 45% e incluyen un fuerte incremento ($ 324M a $ 849M, +162%).
Del análisis del proyecto surge que si bien el gasto destinado a CyT crece por encima del promedio, algunos programas y organismos sufren recortes muy significativos. Desde esa perspectiva resulta comprensible la preocupación de la comunidad científica, pero es imperioso que esta discusión se realice sin apelar a deformaciones de la realidad, que lejos de ayudar a sus intereses, puede llevar a la pérdida de credibilidad de sus reclamos.
En este sentido, la sociedad debe tomar conciencia de la necesidad de apoyar decidida y sostenidamente a la ciencia, pero también la comunidad científica vinculada con las instituciones públicas debe comprender que el sostenimiento de sus actividades constituye un esfuerzo, y que es razonable y legítimo que haya otras preocupaciones sociales que puedan demandar crecimiento en la asignación de recursos.
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