Denuncian boicot de sindicato ferroviario

No resulta extraño que el Gobierno haya dejado pasar dos meses desde la muerte de Mariano Ferreyra sin solucionar el conflicto de los trabajadores tercerizados de ferrocarriles.

Antes que comenzaran los desmanes en la estación Constitución y cuando aún se mantenía el corte del ferrocarril Roca en la estación Avellaneda, la marcha de una negociación en el Ministerio de Trabajo da claras muestras de la imposibilidad de una solución.

Gustavo Mendieta, abogado de esos trabajadores, tuvo que terminar reconociendo en medio de un cuarto intermedio en las conversaciones: «Es una negociación muy reñida, el Gobierno mantiene una postura inflexible con respecto a algunos puntos, como equiparación salarial, el pase a planta permanente de todos los trabajadores y la reincorporación de compañeros despedidos», decía.

Amenaza

Pero más allá de esas declaraciones, los mismos protagonistas sostenían otra explicación: los tercerizados habían elevado al ministerio la lista de trabajadores a pasar a planta permanente; Tomada llevó adelante la negociación y terminó de pulir ese listado, pero cuando lo elevó a la Unión Ferroviaria obtuvo como amenaza: si los incorporaba, debería prepararse para un paro ferroviario por tiempo indeterminado. De ahí que Mendieta denunciara ayer que los propios funcionarios de Trabajo le reconocieron que la solución era difícil mientras la Secretaría de Transporte estuviera controlada por La Fraternidad.

Tanto la Unión Ferroviaria como La Fraternidad mantienen en esto el manual de estilo más básico del sindicalismo argentino: entran sólo los que no ponen en peligro la interna del gremio. En ese sentido, los «tercerizados» y el Partido Obrero son un peligro inaceptable.

Juegan así los sindicalistas al clásico rol de controlar la dirección de personal de las empresas y desde allí digitar los ingresos a las empresas, una práctica que, según denunciaron ayer, esta más viva que nunca.