"El día de ayer (por el martes) presentamos formalmente una solicitud para que la Corte abra un examen preliminar contra altos funcionarios, particularmente con Maduro, porque consideramos que se han cometido delitos de lesa humanidad", explicó Vecchio en una conferencia de prensa, acompañado por el abogado Juan Carlos Gutiérrez.
En La Haya una fuente de la CPI confirmó la presentación de la solicitud ante la fiscalía, que si la admite abrirá un proceso para recabar información y deducir si hay materia para un caso. "Estamos convencidos de que se reúnen los requisitos que establecen el estatuto de Roma para decir que estamos ante un caso de crímenes de lesa humanidad que tienen que ver con asesinatos, torturas, detenciones ilegales, persecuciones, tratos inhumanos", explicó Vecchio, coordinador del partido Voluntad Popular del opositor Leopoldo López.
La petición, que se formuló en nombre de un grupo de víctimas dentro de las que se incluyó el propio Vecchio, va dirigida principalmente contra un grupo de ocho altos funcionarios venezolanos, incluido Maduro, afirmó el líder opositor, sin querer dar mayores detalles sobre los mismos "por razones de confidencialidad" y estrategia judicial.
A menos de un mes para las elecciones legislativas del 6 de diciembre, Vecchio defendió la presentación de la solicitud y su urgencia, por las declaraciones de Maduro el 30 de octubre afirmando que ante la posibilidad de una mayoría opositora en el parlamento tras los comicios, como auguran varias encuestas, "nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa". El mandatario venezolano, que simultáneamente llamó al diálogo con la oposición, añadió que gobernaría en "unión cívico- militar", una alianza a la que exhorta en casi todos sus discursos.
La solicitud ante la CPI es una forma de llamar "la atención a nivel internacional sobre este ambiente que ha planteado Nicolás Maduro, prácticamente de un llamado a la violencia en caso de un triunfo nuestro", dijo este miércoles Vecchio, quien huyó a Florida, después de que la justicia venezolana emitiera una orden de detención por conspiración.
El informe presentado a la fiscalía de la CPI incluye informaciones sobre más de 30 presuntos homicidios, 3.700 detenciones que la oposición considera ilegales, cerca de 400 supuestos casos de tortura, y unas 800 personas heridas, así como 2.000 juicios contra manifestantes pacíficos desde febrero de 2014 hasta la actualidad.
La CPI, que no está autorizada a comentar las demandas presentadas, suele tardar entre tres y seis meses en decidir sobre las peticiones, según Gutiérrez, que también explicó que habrá que ver si resuelve esta solicitud por separado o juntamente con otras presentadas contra Venezuela. Colombia presentó una por el conflicto fronterizo con Venezuela, mientras que un grupo de dos centenares de parlamentarios de ocho países latinoamericanos presentaron otra el pasado año por "crímenes de lesa humanidad".
En ese marco, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, sostuvo que duda de la imparcialidad de las autoridades de los comicios.
En una carta de 18 páginas, Almagro denunció que el oficialismo usa los recursos estatales para la campaña frente a una oposición que tiene detenidos o inhabilitados a varios líderes emblemáticos y muy poca capacidad para acceder a medios de comunicación. "Hay un uso desproporcionado de los recursos públicos, de los medios de comunicación, el presidente Nicolás Maduro sin ningún problema encadenó al país todos los días, se inauguraron obras con candidatos en esta campaña adelantada que está prohibida por la ley y frente a eso el árbitro permaneció callado", afirmó.
| Agencias AFP, EFE y ANSA |
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