La respuesta de Madrid fue inmediata. En una hora, el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional para invalidar el texto esta misma semana. "Solicitaré la inmediata suspensión de esta iniciativa y de todos sus efectos", aseguró Rajoy, que el 20 de diciembre se juega su reelección en elecciones legislativas en las que la cuestión catalana se anticipa como fundamental (ver nota aparte).
El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó, por su parte, que el proceso es un "viaje a ningún sitio".
La resolución, aprobada con 72 votos favorables sobre 135 diputados del Parlamento regional, no tendrá efectos inmediatos pero presenta ya el plan secesionista: iniciar "el proceso de creación del Estado catalán", que "no se supeditará a las decisiones del Estado español".
"Nadie puede detener la voluntad de un pueblo que avanza decididamente hacia un futuro mejor. Ninguna querella, ninguna amenaza, ningún miedo", aseguró el presidente en funciones Artur Mas, jefe de la transversal coalición independentista Juntos por el Sí.
En las elecciones regionales del 27 de septiembre, esa alianza obtuvo 62 diputados que, junto a los 10 escaños obtenidos por los independentistas de extrema izquierda de la CUP, pudieron aprobar este "acto de ruptura", en palabras de la diputada de la CUP Anna Gabriel.
La resolución incluye también un llamamiento a renegociar la abultada deuda pública y a redactar la legislación para crear una administración tributaria independiente.
"Es el desafío más grande que hemos tenido en la democracia en los últimos treinta años", aseguró la líder de la oposición local, Inés Arrimadas, del partido liberal Ciudadanos. "Tiene tan poco sentido que no han sido capaces de convencer a una mayoría de catalanes", añadió.
Los independentistas lograron la mayoría absoluta de las bancas pero solo obtuvieron un 48% de los sufragios de las elecciones, presentadas como un plebiscito sobre la secesión ante la oposición del Gobierno de Rajoy a conceder un referéndum en esta región.
Esa negativa llevó al gobierno de Mas a impulsar el 9 de noviembre de 2014, justo hace un año, una consulta simbólica en la que 1,9 millones de personas se expresaron por la independencia a pesar de que la votación fue prohibida por el Tribunal Constitucional.
En la resolución aprobada ayer, los independentistas catalanes advierten que durante este proceso, que quieren culminar en 2017 con un referéndum para aprobar la nueva constitución catalana, no se supeditarán a las sentencias del Constitucional español.
"Casi un 50% de votos a favor de la independencia supone una enmienda a la totalidad de la Constitución Española de 1978 y del Tribunal Constitucional", aseguró Mas.
La constitución española no prevé formas de negociar la escisión de ninguna de sus regiones, aunque los reclamos soberanistas son fuertes en Cataluña y el País Vasco.
Asimismo, la Unión Europea advirtió que una Cataluña independiente saldría automáticamente del bloque y que, de querer ingresar, debería pasar por todos los pasos de un proceso de adhesión común. Pero esto podría también verse entorpecido por el veto de España.
El independentismo creció exponencialmente a la sombra de la crisis económica en esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.
La declaración independentista culmina una escalada de tensión entre Barcelona y Madrid desde 2010, cuando el Tribunal Constitucional recortó ampliamente las competencias adquiridas en un estatuto regional de 2006, frustrando las aspiraciones de un mayor autogobierno dentro de España. Tras años de reclamar sin éxito la posibilidad de realizar un referéndum como el que hizo Escocia en septiembre de 2014, optaron por avanzar unilateralmente en un proceso que, sin embargo, corre peligro por las diferencias ideológicas en el seno independentista. Seis semanas después de los comicios, la región sigue sin gobierno por el rechazo de la CUP a apoyar como presidente al liberal Artur Mas. Si no hay acuerdo antes del 9 de enero, deberán convocarse nuevas e imprevisibles elecciones.
"Tenemos el presupuesto regional más alto de España y más competencias que ninguna otra región de Europa. Ustedes lo están poniendo todo en riesgo", advirtió el líder catalán del Partido Popular de Rajoy, Xavier García Albiol, en referencia a la posible suspensión de la autonomía local.
| Agencias AFP, ANSA, DPA y Reuters, y Ámbito Financiero |
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