Dilma, acorralada entre ruralistas y su ala ecologista

Dilma Rousseff

San Pablo - El nuevo Código Forestal, la «ley de bosques» que el Gobierno de Dilma Rousseff pretende sancionar en los próximos días y que se debate todavía en el Congreso, enfrenta a los productores agrícolas y a los defensores del medio ambiente, pero además pone en cuestión el liderazgo de la Presidenta que asumió el pasado 1 de enero.

Ante la compleja situación, varios ministros y asesores trabajan arduamente para evitar que se resquebraje la base aliada, cuyo carácter de mayoría en el legislativo enfrenta en estos días su reto más severo.

«Es la primera gran prueba que tiene al frente la Presidenta con su bancada en el Congreso, y por lo que vemos hasta ahora no va a poder mantener contentos a los agricultores y a los ambientalistas al mismo tiempo. Va a perder gran parte del apoyo de esos dos importantes grupos, sea porque deje a uno feliz e inconforme al otro o, como todo apunta, porque que les quite un poco a cada uno», dijo a Ámbito Financiero el politólogo Marcos Ferreira. El Gobierno pretende delimitar las zonas aptas para cultivos en las riberas de los ríos, pero quiere que la propuesta del diputado Aldo Rebelo, del aliado Partido Comunista (PCdoB), sufra una modificación con la amnistía para los pequeños agricultores que con el texto actual de la iniciativa se verían obligados a reducir sus explotaciones.

El Ejecutivo tampoco quiere que los Gobiernos regionales tengan poder para fijar los límites y pretende centralizar todas las disposiciones al respecto. Precisamente, ante la falta de consenso, Rousseff convocó el lunes a su gabinete para tratar el asunto, pues la semana pasada la propuesta apoyada por el Ejecutivo estuvo a punto de ser votada, como el Gobierno quería, pero se comenzó a presagiar una derrota y los aliados prefirieron posponer la decisión en la Cámara de Diputados.

Los ambientalistas, liderados por la exsenadora y exministra de Medio Ambiente del Luiz Inácio Lula da Silva, Marina Silva, una disidente del Partido de los Trabajadores (PT) y que en las elecciones pasadas empuñó la bandera del Partido Verde (PV), son contrarios a cualquier tipo de amnistía y alegan que el proyecto, a pesar de delimitar las zonas, deja algunos bosques próximos a los ríos vulnerables a la deforestación.

Por otro lado, la sociedad civil y las entidades científicas, que cuentan con el apoyo de diez exministros de Medio Ambiente, solicitaron al Gobierno que la votación de la ley en el Congreso se aplace hasta que se conozcan más informes técnicos.

«Es un tire y afloje. El Gobierno quería votar rápido porque confiaba en que no habría problema en aprobar la propuesta. Lo que no esperaba era que el ala de los ambientalistas, de la que forman parte también importantes aliados oficialistas, se pusiera tan fuerte en su posición contra el Código Forestal. Ahora lo del aplazamiento se hace mas razonable, pues el Gobierno tiene un nudo en sus manos difícil de desatar», apuntó Ferreira. No es la primera vez que ambientalistas y agricultores favorables al Gobierno se enfrentan. Durante los dos mandatos de Lula da Silva, los llamados «ruralistas» defendieron la modificación genética de cultivos como la soja y contaron siempre con el respaldo del correspondiente ministro de Agricultura, muchos de los cuales se enfrentaron abiertamente con sus colegas de Medio Ambiente.