Dilma busca superar serios traumas antes de actuar

No bien se consumó la destitución de Fernando Lugo, Dilma Rousseff habló de «golpe» en Paraguay. Con todo, las decisiones brasileñas en términos de sanciones resultaron hasta ahora cautelosas.

El gigante se mueve con pies de plomo en la cuestión paraguaya. Es que tres factores pesan, y mucho, en las reacciones que Brasilia viene teniendo desde el jueves 21 de junio, cuando en Asunción la Cámara de Diputados inició el proceso que culminaría con la destitución del ahora expresidente Fernando Lugo.

La historia, y sus heridas, componen el factor que más enreda a los brasileños. Lacera todavía -seguramente para siempre- la cruenta Guerra del Paraguay (o de la Triple Alianza, 1864-1870) en la que los ejércitos del imperio brasileño, la Argentina y Uruguay enfrentaron al paraguayo y arrasaron con casi el 60% de la población adulta.

Sin embargo, la más reciente es la de 2009, cuando Brasil buscó liderar el «aguante» de Manuel Zelaya, echado de la presidencia de Honduras por un golpe de la Corte Suprema, el Congreso y las Fuerzas Armadas, alojándolo durante casi un año con su corte de seguidores, sombrero Stetson y guitarra, en su embajada en Tegucigalpa. Todavía se pueden escuchar en Brasilia los reproches a Itamaraty y a Marco Aurelio García, el «sherpa» para asuntos latinoamericanos e iraníes del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por el papelón internacional de haberse metido en los asuntos internos de esa nación centroamericana. Fue Brasil el que orquestó el «regreso» de Zelaya a suelo hondureño para después no otorgarle asilo político. Ni chicha ni limonada.

Un segundo factor se deriva del histórico: es el complejo de «imperialitis» que aqueja a Brasil. No se debe, en realidad, a que no haya digerido todavía el sapo hondureño sino a que sabiéndose líder y potencia regional, Brasilia no quiere mostrarse contagiada por el virus imperial de Washington: por eso, este gigante, para no ser espejo de su hermano del norte, busca avanzar en zapatillas de punta y no con tranco de elefante. De allí que en el asunto paraguayo, el mensaje brasileño hasta ahora haya sido el de condenar las débiles formalidades democráticas que terminaron con la deposición de Lugo, suspender al país del club del Mercosur pero sin intervenir ni directa ni disimuladamente en la política interna paraguaya.

En privado, como dejaron trascender algunos medios brasileños, Dilma Rousseff se refirió al «golpe» de Paraguay. Ante el micrófono, lo calificó de «juicio sumario». «Hay que dejar que la crisis paraguaya decante sola», dijo Marco Aurelio García, con el poder recortado en la presidencia de Rousseff (tanto que Dilma se lo viene salteando para su «comité de crisis» sobre Paraguay, integrado por los ministros de Defensa Celso Amorim, de Agricultura Mendes Ribeiro y de Relaciones Exteriores Antonio Patriota, y donde la figura principal es Gilberto Carvalho, secretario general de la Presidencia y nexo principal con Lula -«el Rasputín de Dilma», como le dicen en el Planalto-).

El tercer factor es numérico. Como socios en la represa binacional de Itaipú (sobre el río Paraná), Brasil y Paraguay no pueden moverse sino como hermanos siameses: el 20% de la energía que consume Brasil proviene de Paraguay. Un corte en ese suministro paralizaría la industria paulista y dejaría a oscuras a buena parte del país, con un sistema interconectado. A su vez, en 2011 la mitad de los ingresos paraguayos por exportación provino de la energía vendida al gigante vecino.

La balanza comercial también los ata: con un saldo favorable para Brasilia de u$s 2.250 millones en 2011, Asunción exportó por u$s 715 millones (soja, maíz, trigo, carne y electricidad). Mientras, ingresaron a Paraguay productos brasileños por u$s 2.960 millones: gasoil, combustibles y fertilizantes agroquímicos, todos básicos para la «sojadependiente» economía guaraní, que es el cuarto productor mundial de ese commodity.

Tan decisivo como los anteriores es otro factor, también numérico: el de los «brasiguayos». Estimados en 450.000 (para una población total de 6.200.000), son los brasileños radicados en suelo paraguayo. La mayoría de ellos se dedica al negocio agropecuario y no pocos sufrieron las ocupaciones de los «carperos» (la versión guaraní de los sin tierra brasileños y aliados electoralmente con Lugo).

Fue la ocupación de una estancia en Curuguaty por parte de «carperos» lo que provocó la represión y matanza que derivó en el «congresazo» que lo sacó del Palacio López. Hoy serían los «brasiguayos» quienes estarían pidiéndole mesura en las próximas acciones internacionales al Gobierno de Dilma, convencidos como están de que el Gobierno de Federico Franco dará mayores garantías a la propiedad privada.

Mesura o «principio de no intervención», como pregonan en Brasilia, lo cierto es que en la mañana del lunes 25 Dilma se habría opuesto enfáticamente a que Lugo fuese invitado -como insistía Cristina de Kirchner- a la teleconferencia entre el premier chino Wen Jiabao, el uruguayo José Mujica y ellas dos. El argumento: «Convocar a Lugo para la negociación por un tratado de libre comercio entre China y el Mercosur es meterse en asuntos internos de Paraguay», habría dicho la brasileña. Para salvarle la cara a Cristina, el canciller Héctor Timerman pudo recuperar su memoria y se acordó -aunque tarde- de poner sobre la mesa que iba a ser difícil negociar un TLC entre China y el Mercosur con Paraguay incluido, ya que Asunción no tiene relaciones con Pekín sino con Taiwán.

Pero Paraguay fuera del Mercosur (por unanimidad de sus socios, fue suspendido) también tiene sus ventajas. Por un lado, deja una puerta abierta para el ingreso de Venezuela a este club político-comercial, cuyo único bastión antibolivariano era el Congreso paraguayo. El último en aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur fue el Congreso brasileño, con adhesión de los partidos de derecha y los lobbies empresariales, convencidos de que la «integración» se da a través de inversiones en infraestructura y petróleo. Así, las consultas informales entre Montevideo, Brasilia, Buenos Aires y Caracas vienen siendo frenéticas y dos teléfonos están al rojo vivo: el del «sherpa» argentino Rafael Folonier, mano derecha de Néstor Kirchner cuando era secretario general de la Unasur y allegado a todos los gobiernos involucrados, y el de Antonio Patriota. Es que el canciller brasileño, de capa caída hasta la semana pasada, cuando su renuncia era un secreto a voces, se juega por estos días su permanencia en el gabinete de Dilma, con quien definitivamente «no se lleva».