Diputados apura voto a ley de lavado para antes de julio

José Sbatella

Todos los bloques de Diputados endurecieron anoche la negociación para lograr un proyecto común de nueva ley contra el lavado de dinero. El Gobierno esta apurado en lograr la ley en junio, a tiempo para que la Argentina pueda llevarla a la reunión del GAFI de julio en México y evadir así una posible sanción por los defectos en el combate al lavado que quedó pendiente del encuentro de ese organismo en París el mes pasado.

Ayer se reunió la comisión de técnicos de todos los partidos que trabajaron durante el verano para unificar un dictamen. Frente a ellos se sentaron Patricia Llerena, jueza de Cámara del Tribunal Oral Criminal Nº 26 de la Capital Federal y Gabriel Cuomo, el segundo de José Sbatella, jefe de la UIF.

Lo que hasta ahora parecía marchar a un increíble acuerdo entre todos los bloques, incluido el kirchnerismo, ayer quedó en duda. Es cierto que casi no hay diferencias sobre la idea de modificar el tipo penal sobre lavado, que pasará a ser un delito autónomo y no subordinado a otros como hasta ahora.

Cuarto intermedio

Pero la oposición no aprobará sólo ese punto si el Gobierno no acepta avanzar con cambios en la estructura administrativa de la UIF y los mecanismos para nombrar a su jefe o a dos personas a cargo como exige ahora el Gobierno.

Ahora la negociación pasó a un cuarto intermedio a la espera de que el kirchnerismo responda cada uno de los puntos en los que tiene diferencias con el dictamen que, curiosamente, parecía tener acuerdo de todos los bloques.

La oposición cree que el Gobierno sólo quiere modificar el tipo penal para cumplir con el GAFI y evitar una sanción (ayer en los pasillos de Diputados se llegó a deslizar que ese organismo podría desplazar a la Argentina y poner a Chile en su lugar) y postergar, como sucedió hace cinco años, la reforma del funcionamiento interno de la UIF.

Así, la misma presión sobre el Congreso que puso Cristina de Kirchner en su mensaje ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, cae ahora sobre la Comisión de Legislación Penal. Ese día la Presidente tiró culpas sobre diputados y senadores por la demora en sancionar la ley contra lavado, cuando en realidad el kirchnerismo no puede alardear de haber impulsado esa norma o por lo menos haber prestado quórum siempre a las reuniones para que el proyecto avanzara.

En el medio de la pelea esta el lobby de un grupo de estudios contables que pretende introducir en la ley un sistema de auditoría privado de empresas que certifique, antes de la UF, que sus operaciones están libres de sospechas por operaciones de lavado de dinero.

Esa presión la recibió tanto el Gobierno como la oposición. Ambos, por ahora la rechazan. No aceptan la idea de las consultoras de amortiguar el poder de la UIF para inspeccionar y menos aceptar certificaciones de operaciones desde afuera de ese organismo.