Disputa entre organismos revela más datos sobre el narcoavión

La disputa por los controles al avión Challenger que llegó a Barcelona con más de 900 kilos de cocaína divide a organismos en la Argentina. El juez, mientras tanto, pide datos clave a España sobre computadora de a bordo.

Los organismos públicos de control aeroportuario se trenzaron en una interna por las verificaciones en torno al jet Challenger que fue secuestrado en España con 944 kilogramos de cocaína y cuyos tripulantes argentinos fueron detenidos. La disputa quedó planteada entre la Aduana, que certificó que la salida del avión de Ezeiza se concretó «sin cargamento», y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que alegó haber quedado sin margen para realizar su propio control.

Esa pelea interna es uno de los coletazos del hallazgo del avión. En una investigación donde todavía son casi todas dudas y existen muy pocas certezas -ni siquiera está comprobado que el vuelo hubiese tenido un cuarto pasajero-, el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania deberá resolver esta semana si le pide a la Justicia española la información contenida en la computadora de a bordo de la aeronave. Fuentes oficiales dijeron que los datos contenidos en esa máquina serán los únicos que podrán despejar las dudas en la investigación: los horarios de partida y aterrizaje del vuelo en sus escalas, y los pesos del avión en cada etapa.

Otro punto que sólo podrá dilucidar la Justicia española es la existencia del cuarto pasajero en el avión al momento de su detención en el aeropuerto El Prat, de Barcelona. Hasta ahora fueron mencionados nombres de ex agentes de la PSA y hasta de un hombre vinculado a la DEA (la agencia antinarcóticos de Estados Unidos), pero la falta de información oficial impidió comprobar siquiera que haya existido un acompañante de los hermanos Juliá y de Miret, que según una versión había subido al Challenger en Cabo Verde.

El juez Catania y el fiscal Miguel Schamun encabezaron el sábado una serie de allanamientos en Ezeiza y en la base aérea de Morón, sobre dependencias de la Aduana, la PSA, el Centro Operativo de Control, la Dirección de Migraciones y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Esos operativos, cree Catania, permitirán establecer posibles fallas en la cadena de controles aeroportuarios.

Las verificaciones hicieron estallar la primera interna desde que salió a la luz el caso con el secuestro en Barcelona del Challenger y la detención de tres de sus cuatro ocupantes: los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, y Matías Miret. La puja se abrió por la responsabilidad en el control del avión durante las 51 horas en que estuvo en el aeropuerto de Ezeiza, entre el 30 de diciembre y el 1 de enero.

El aeropuerto internacional local fue el último punto en la Argentina del Challenger antes de partir rumbo a Cabo Verde, donde se presume que hizo la única escala antes de llegar a Barcelona. Es decir que fue la última oportunidad que tuvieron los organismos de contralor de constatar si la aeronave salió del país con casi una tonelada de cocaína.

Este diario pudo saber que la Aduana certificó que el avión se aprestaba a salir de la Argentina sin carga a partir de una declaración jurada firmada por la tripulación. Y que recién le entregó esa certificación a la PSA pocos minutos antes de la partida de la máquina hacia Cabo Verde, a última hora del 1 de enero.

«La Aduana es el principal obligado a realizar los controles y no avisó que el avión había llegado a Ezeiza. Y sólo le comunicó a la PSA con diez minutos de antelación, mediante una declaración jurada sellada, que la aeronave partía hacia Cabo Verde. En ese tiempo no se puede hacer magia con los controles. No hubo tiempo material para chequear nada», explicó un funcionario al tanto de la interna entre ambos organismos.

Más allá de las especulaciones que surgieron en los últimos días, a caballo del secreto de sumario implantado en el expediente, los investigadores coincidieron en señalar que la única llave para conocer los secretos del Challenger está en manos de la Justicia española. Se trata de la computadora de a bordo de la máquina, y que contiene todos los datos acerca de los despegues y los aterrizajes, los pesos del avión y las especificaciones de cada vuelo.

La PSA le sugirió al juez Catania enviarles un oficio a los investigadores españoles para pedirles la remisión de la computadora o de los datos que contiene. Esta semana se sabrá si Catania accede al pedido, y luego habrá que esperar la respuesta de la Justicia española, que también sumergió el expediente en el más estricto secreto.

En el Gobierno prefieren esperar el resultado de esa requisitoria antes de avanzar sobre las hipótesis que circularon en los últimos días. Entretanto, se ocuparon de destacar que Europol, el organismo policial encargado de la lucha contra el crimen en la Unión Europea, sindicó Cabo Verde como una de las tres principales rutas de la droga que ingresa al Viejo Continente. Los investigadores locales afirmaron que en ese país el avión estuvo por lo menos dos horas y consideraron ese tiempo suficiente para cargar la cocaína.

La otra hipótesis está centrada en una posible carga de la droga en Morón, donde el avión estuvo hangarado desde noviembre hasta su paso por Ezeiza. En el medio, también se comprobó que realizó dos viajes cortos a Mar del Plata. De paso, desmintieron una información publicada durante el fin de semana acerca de que la aeronave estuvo también en el aeropuerto de San Fernando.