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Domínguez y Alak defendieron legitimidad de ley de tierras
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y su par de Justicia, Julio Alak, inauguraron ayer un seminario informativo sobre la ley de extranjerización de tierras que impulsa el Gobierno.
Tras participar de un seminario sobre la ley de tierras realizado en la sede de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), el funcionario dijo que «la Presidenta fue categórica respecto de que los derechos adquiridos son derechos adquiridos» y que, por lo tanto, el proyecto de ley no busca vulnerarlos.
Para el ministro, en el caso de situaciones que no contempla la iniciativa, «el Estado tiene potestad para otras acciones, para temas que considere de interés estratégico».
Respecto de las limitaciones que establece el proyecto de ley de mil hectáreas por persona física o jurídica y un tope del 20% del territorio para extranjeros, el ministro consideró que se trata de «límites ordenadores» que fueron surgiendo de los distintos proyectos que había en materia de tierras.
«Se trata de pautas; luego el propio proceso nos dirá qué hacer. Una legislación no es una norma pétrea que no permite ser modificada», explicó Domínguez.
Al referirse a la calificación de inconstitucionalidad endilgada al proyecto por legisladores de la oposición, el funcionario consideró que se trata de una interpretación originada en «un liberalismo dogmático».
«No nos olvidemos de que la última reforma constitucional vino con el proceso que entregó muchísimos recursos del país, donde todo se privatizaba», dijo el ministro.
La apertura del seminario estuvo a cargo del rector de la UCA, el presbítero Víctor Manuel Fernández, quien manifestó el respaldo de la Iglesia al proyecto oficial.
El religioso puntualizó, además, que «la doctrina social de la Iglesia habla de la necesidad, en muchos casos, de redistribuir la tierra a través de procesos de reforma agraria, para evitar la extensión de latifundios».
Advirtió luego que «el riesgo de conformación de latifundios es más grande cuando la tierra está en manos extranjeras».
Fernández sostuvo por último que la ley de protección al dominio de las tierras rurales «no va a resolver todos los problemas relacionados con la concentración en la propiedad de la tierra o el cuidado de recursos naturales y el medio ambiente, pero es una decisión urgente».


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