Drogas y ADN encabezan prioridad de la Corte

Eugenio Zaffaroni

La Corte Suprema de Justicia definirá en el acuerdo del martes que viene los temas a tratar hasta fin de año. Dos fallos, uno muy anunciado y el otro más sigiloso, serán los primeros puntos a definir en la agenda del máximo tribunal: la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal y el «caso Prieto», sobre el derecho del Estado de exigir la extracción compulsiva de sangre para determinar el ADN de una persona en una investigación sobre desaparecidos.

En el primer caso, el dictamen favorable de la Corte había sido adelantado varias veces; en marzo pasado, incluso, había trascendido que la definición era «inminente», que sólo faltaba terminar la redacción de la fundamentación y esperar el momento «propicio» para comunicarlo. Ese momento nunca llegó. Así, uno de los tres aspectos clave para el ministro Eugenio Zaffaroni quedó relegado, junto con la mayoría de los temas que podían llegar a generar algún grado de conflictividad política, en medio del año electoral.

Los otros dos (un pronunciamiento que apunte a la necesidad de reformar el Código Penal Procesal en relación con menores imputados y otro sobre la necesidad de que el sistema político argentino apunte hacia el parlamentarismo) quedaron por el momento también en carpeta. El tratamiento de estos tres temas por parte del máximo tribunal habría sido un compromiso del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, con Zaffaroni, cuando a principios de este año el cuerpo acordó su reelección en setiembre próximo.

No hubo anuncios ni adelantos respecto del segundo fallo sobre el que la Corte piensa pronunciarse en estas semanas. El «caso Prieto» se inició a raíz de un desprendimiento de una denuncia presentada en 1982 por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo respecto de la desaparición de 95 chicos que nacieron en cautiverio durante la represión clandestina de las guerrillas. Según la acusación, Emiliano Prieto sería uno de ellos. Tanto en primera como en segunda instancia, la Justicia ordenó la extracción de sangre para aclarar la identidad de la posible víctima, a lo que tanto él como su familia se negaron. El máximo tribunal debe ahora determinar si el Estado tiene derecho a exigirle a una persona que se someta a un examen compulsivo de sangre para usarlo como prueba en caso de una posible apropiación.

Más allá de la agenda que se discutirá la semana que viene, el máximo tribunal realizó ayer su primera sesión de acuerdo, en la que discutieron de manera informal la postura del cuerpo sobre el Consejo de la Magistratura. En este marco, el secretario letrado, Cristian Abritta, informó a los ministros presentes sobre el estado procesal de los cuatro expedientes que piden la inconstitucionalidad de la reforma de 2006 del Consejo de la Magistratura, que el máximo tribunal tiene en estudio. Según trascendió, la Corte no se pronunciará por el momento sobre el funcionamiento del organismo que administra, selecciona y juzga a los jueces de todo el país, ya que considera que es un tema que deba discutirse en el ámbito legislativo. Las presentaciones del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, de la Asociación de Abogados, de la ONG ACIJ y de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sin embargo, fueron unificadas en un solo legajo que circula por los despachos de todos los ministros, aunque no se espera una resolución en el corto plazo. Ayer estaba en el de Carlos Fayt. La primera reunión de la Corte también generó toda clase de rumores respecto de una posible avanzada del cuerpo sobre los miles de juicios pendientes de la ANSES, si bien lo único concreto fue el anuncio de un convenio que firmará la semana que viene con el organismo previsional y la Cámara de Seguridad Social.