Tras la denuncia del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en la Justicia contra la empresa Edelap por presuntas irregularidades contables a favor del accionista controlante, la distribuidora dijo ayer que «reafirma la legalidad de todas sus operaciones realizadas por sí y por sus controlantes y desmiente las imputaciones».
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La empresa eléctrica, que todavía no fue notificada de la denuncia, indicó que «sus balances son correctos, han sido confeccionados conforme a la legislación argentina y son auditados por reconocidas empresas y presentados en tiempo y forma a las autori-dades de fiscalización nacionales».
También dijo que «no ha sufrido perjuicio patrimonial alguno derivado de transacciones financieras realizadas por empresas vinculadas y/o controladas.».
Según Edelap, «producto de una complicada situación económico-financiera, como consecuencia de la crisis financiera de diciembre de 2001, la empresa se vio obligada a reestructurar su deuda con los bancos Boston y Galicia en dos oportunidades, primero luego de la crisis de 2001 y luego en 2006».
Agregó que «el accionista mayoritario de Edelap, AES, compró dichas deudas a través de empresas subsidiarias con el único objeto de asistir financieramente a la distribuidora, dado que las deudas eran exigibles y la distribuidora no podía afrontarlas».
Beneficio
Según el razonamiento empresario, AES benefició a Edelap al posponer los vencimientos y al realizar una reducción de las tasas de intereses de hasta un 50%, lo que le permitió a Edelap destinar los fondos (que hubieran originalmente ido a pagarles la deuda a los bancos) a ampliar sus inversiones en las redes en beneficio de sus clientes».
Por último, Edelap dijo que «desde que se concretó la operación, no ha pagado capital, intereses ni otro concepto a su accionista (AES)». La denuncia del ENRE se presentó el viernes pasado y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional a cargo del juez Alberto Baños. La presentación sostiene que «existirían indicios en la gestión empresaria de Edelap de operaciones que habrían importado un perjuicio patrimonial a través de endeudamientos con empresas vinculadas y/o controlantes».
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