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El año electoral, un difícil desafío para las finanzas del interior

Ya el año que se despide les marcó la cancha a los gobernadores en el ámbito salarial: con una andanada de reclamos en pos de la reapertura de las paritarias y el pago de un plus de fin de año para mitigar la inflación, se anticipa una dura negociación salarial con los gremios locales a principios del año que viene, con pretensiones amplificadas por las distorsiones que genera el año electoral.
Si se tiene en cuenta que hoy los sueldos representan más de la mitad del gasto promedio del interior, la prudencia deberá primar -como en los últimos dos años- en las gobernaciones, que de por sí tendrán la meta clave de mantener el ritmo de la obra pública, la asistencia social y prestaciones centrales como la seguridad, la salud y la educación para no disparar potenciales focos de conflicto con traducción en pérdida de votos.
Según la consultora Economía & Regiones, el año que viene las provincias además deberán afrontar vencimientos de deuda por $ 49 mil millones, con un alza del 59% respecto de 2014.
Si se pone la lupa en los vencimientos de títulos de deuda en el exterior, se trata de u$s 2.271 millones, un 167% más que lo previsto para este año. De ese monto, u$s 1.050 millones corresponden a la provincia de Buenos Aires.
El año que se despide fue duro en esta materia para los distritos subnacionales, impactados por el revés de la Argentina en su puja en los Estados Unidos con los holdouts. Con los mercados internacionales virtualmente cerrados por el default, debieron poner en el freezer colocaciones en el exterior -como Buenos Aires y Mendoza- y salir a financiarse en el plano local, de la mano de préstamos y de la emisión de Letras del Tesoro y títulos de deuda, con un encarecimiento del crédito.
Por eso la mirada para el año que se inicia estará puesta en la estrategia del Gobierno argentino en pos de destrabar esa encrucijada.
Pero también la atención estará dirigida a los esfuerzos para revertir francamente la desaceleración de la actividad económica, que mermó el tenor de las subas en las transferencias automáticas de Nación (coparticipación y Fondo Sojero) y de las recaudaciones locales (sí empujadas por la inflación).
El presente es delicado para el último año de gestión de los gobernadores, pese a la prudencia fiscal evidenciada en los últimos dos años.
En un escenario más 'optimista', se podría esperar un resultado fiscal negativo del orden de los $ 13 mil millones. En el escenario más pesimista, el déficit alcanzaría los $ 30 mil millones, sostiene el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) respecto del año que está a punto de terminar.
Sumando las amortizaciones de la deuda por alrededor de $ 24 mil millones, las necesidades de financiamiento de las provincias en 2014 estarían entre $ 37 mil millones y $ 54 mil millones, en un contexto que se muestra poco propicio para la emisión de deudas provinciales, agrega.
Por de pronto, el Presupuesto nacional 2015 diseñado por el ministro de Economía Axel Kicillof marca pautas respecto de lo que será la relación financiera entre el Gobierno de Cristina de Kirchner y los mandatarios.
Allí ya figura una tajada de $ 9.365 millones para continuar con el Programa Federal de Desendeudamiento, que desde 2010 les permite a los Ejecutivos reprogramar vencimientos de la deuda que mantienen con Nación (hoy, del orden de los $ 71 mil millones). Se trata de un oxígeno clave para los 17 gobernadores contemplados en el plan, pero que ya este año dio claras muestras de que puede verse contaminado por las pujas políticas que encara la Casa Rosada.
Bien lo saben, por caso, el neuquino Jorge Sapag (MPN), los justicialistas Martín Buzzi (Chubut) y Francisco Pérez (Mendoza) y el rionegrino Alberto Weretilneck (Frente Grande, devenido massista), que fueron marginados durante varios meses de esa refinanciación por negarse a avalar la Ley de Hidrocarburos impulsada por Balcarce 50.
El año electoral, en ese sentido, podría abrir la puerta a escenarios similares, situación de la que por lo bajo ya tomaron nota los gobernadores.
El plan de gastos de Kicillof también le pone límites fuertes a la asistencia extraordinaria de fondos a las provincias, que sólo se acotará a situaciones de urgencia extrema.
Mientras tanto, el peso de la deuda golpea a las provincias: al 30 de junio, el stock de deuda era de cerca de $ 185.500 millones, con una expansión interanual del 21%. Pero un dato cobra importancia: las obligaciones en moneda extranjera representan ya el 54% de la deuda provincial, con el consiguiente incremento del monto con cada punto de devaluación y la previsible fragilidad frente a potenciales volantazos cambiarios.


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