El FMI finalmente aceptó el cálculo de Massa sobre los efectos de la sequía

La sequía golpeó con dureza las finanzas del país.

Sergio Massa logró cerrar en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo fundamental para que el Facilidades Extendidas reloaded aprobado por el Board el 23 de agosto pasado sea algo menos duro para las sufridas cuentas argentinas.

El cálculo final de las pérdidas que generó la sequía, tanto en la acumulación de reservas en el Banco Central como en la caída de la recaudación impositiva vía baja en los ingresos del ítem retenciones, se ubicó finalmente más cerca del número que siempre defendió el Ministerio de Economía que del que tenía en mente el staff técnico del FMI.

Massa y su equipo siempre consideraron que las pérdidas por el efecto climático para las cuentas públicas serían de no menos de u$s10.000 millones. La dirección para el Hemisferio Occidental de Rodrigo Valdés tenía otros números, levitando entre los u$s3.000 y los 5.000 millones.

Más cerca de los primeros que de los segundos. Esta crucial diferencia fue uno de los capítulos más peleados en las largas negociaciones de 22 semanas entre el Gobierno y los técnicos de Valdés y el encargado del caso argentino Luis Cubeddu; y sólo pudieron zanjarse con una decisión política de la propia Kristalina Georgieva en conversación directa con el propio ministro.

Massa llevó a su reunión con la búlgara los datos finales (ya con el segundo trimestre del año cerrado) y terminó convenciendo a la directora gerente de la necesidad de aceptar un número de pérdidas cercano al cálculo argentino; una decisión, por otra parte, imprescindible para que el acuerdo final cierre. Aún con mucho riesgo de no poder ser cumplido.

Finalmente, el número tomado como válido fue de unos u$s8.000 millones en pérdidas, lo que luego derivó en una meta de aumento en las reservas del BCRA de u$s1.000 millones; una cifra muy lejana de los utópicos u$s8.000 millones que figuraban como objetivo para 2023, según el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por Martín Guzmán en marzo de 2022. Y que derivó en una crisis política para la coalición oficialista.

Según los analistas locales, esta nueva meta de reservas sería quizá la única que podría cumplirse de las tres renegociadas en las interminables sesiones de zoom entre Buenos Aires y Washington. Las de déficit fiscal de 1,9% del PBI para todo 2023 y de una emisión monetaria de 0,6% para todo el ejercicio estarán hasta fin de año permanentemente en revisión. Sobre todo la segunda, que ya estaría incumplida. El FMI estaba obligado a tener en cuenta las consecuencias de la sequía en las cuentas públicas.

Aquel acuerdo de Guzmán, ya enterrado, incluía un artículo donde se debía tener en cuenta cualquier contingencia exógena que afecte el cumplimiento de las metas originales, y sobre las que la conducción económica del país no pueda actuar.

Desde el primer momento el FMI reconocía que la sequía ingresaba sin dudas técnicas en la categoría de contingencias exógenas. Sólo era una cuestión de ponerse de acuerdo en el impacto concreto.

Igualmente, no le será fácil a Economía cumplir con los u$s1.000 millones de aumento en las reservas del BCRA, pero por lo menos el ritmo posdevaluación de recuperación de las divisas en las arcas de la entidad que maneja Miguel Pesce estaría ayudando.

Se estima que, hacia fines de septiembre, de continuar el ritmo de los últimos días de agosto, habría ingresos en azul por unos u$s2.000 millones. Esto junto con alguna magia contable y aportes del propio FMI, ayudarían a ir reduciendo el nivel de reservas negativas actual, hasta llegar a una ganancia final para diciembre.

Todas estas revisiones serán tarea de negociación para el presidente o presidenta que sea electo en las generales de octubre o el balotaje de noviembre. Y será contenido del próximo acuerdo que Argentina tendrá que inevitablemente negociar con el FMI para determinar la convivencia pacífica entre ambas partes durante los próximos cuatro años de gestión.

El Last Dance de Massa y Alberto Fernández será la última quincena de noviembre, cuando el FMI determine si lo comprometido en las negociaciones con Washington del primer semestre de este año (más un mes y medio del segundo) se está cumpliendo.

Si la respuesta es afirmativa, el FMI desembolsará los aproximadamente u$s3.500 millones que el país debe pagarle al propio Fondo por el ejercicio del tercer trimestre del año. Si la respuesta es negativa, quedará todo para ser recalculado con la próxima gestión.