El juez pelea la causa pero sigue la usurpación

El juez federal de Quilmes Luis Armella rechazó apartarse de la causa por la ocupación de viviendas en Villa Soldati y se amparó en la delegación de atribuciones que hizo en su favor la Corte Suprema para entender en la problemática. Ayer siguió la polémica entre los Gobiernos nacional y porteño acerca de la postura frente al pedido judicial de desalojo, que hoy tendrá un nuevo capítulo en una audiencia convocada por la Corte.

Mientras, el Ministerio de Seguridad nacional preparaba una denuncia penal contra los presuntos instigadores de la toma.

Armella defendió ayer su intervención en la causa frente a un pedido de dos legisladores de Proyecto Sur que plantearon la necesidad de pasar el expediente a un magistrado porteño. El mismo planteo de los diputados fue sostenido ayer por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para quien el magistrado de Quilmes «no tiene jurisdicción» para ocuparse de la toma.

El juez federal rechazó el planteo de los diputados porteños Laura García Tuñón y Rafael Gentili al recordar que la Corte le confirió competencia para intervenir «en todas las cuestiones concernientes a la ejecución» del pronunciamiento del tribunal, relacionado con las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y las eventuales problemáticas derivadas de ello.

La situación en el complejo habitacional de Villa Soldati, ocupado desde hace más de una semana por entre 90 y 100 personas, continuaba ayer inalterada con custodia de las policías Metropolitana y Federal. Funcionarios porteños iniciaron desde el fin de semana conversaciones con referentes de la ocupación para convencerlos de abandonar las viviendas, destinadas a pobladores de la ribera del Riachuelo.

El Ministerio de Seguridad contaba ayer con la identidad de al menos tres sospechosos de ser los instigadores de la toma. Nilda Garré planeaba entregar los nombres a la Justicia a través de una denuncia penal. El Gobierno nacional maneja un dato con el cual intenta incomodar al Ejecutivo porteño: la Policía Federal le acercó un informe de los efectivos de esa fuerza contratados por la administración porteña para custodiar el predio en el que supuestamente consta un aviso de la toma 24 horas antes de producirse.

De acuerdo con esa información, los policías que patrullaban el complejo ubicado en Lafuente y Castañares le entregaron al Gobierno porteño una alerta el viernes 4 de marzo. La ocupación se concretó en las primeras horas del domingo 6. Igual, ni la Policía de Macri ni la de Nilda Garré intervendrían ante esas alertas.