El Pentágono busca proteger las claves y los códigos de seguridad que utilizan los equipos de comunicación decomisados el jueves pasado del avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que aterrizó en Ezeiza. En paralelo con el incidente diplomático entre los gobiernos de Cristina de Kirchner y Barack Obama ante el hallazgo de cierta cantidad de materiales sensitivos no declarados por el Departamento de Defensa -según afirmaciones del Gobierno-, ahora se desató una puja por la devolución de esos equipos sin que sean vulnerados por funcionarios o técnicos de la Aduana. El subdirector general de Técnico Legal Aduanera, Pedro Roveda, declaró ayer ante el juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada que la mercadería se encuentra en un container precintado en Ezeiza y que aún no finalizó el inventario del contenido. Agregó que notificarán al magistrado para que concurra al lugar cuando se produzca la verificación. Además, el funcionario señaló que en el caso no hubo ilícito penal, sino que se habrían producido infracciones al Código Aduanero, como declaraciones inexactas (artículo 954) y transgresiones al régimen de equipaje (artículo 977). Eso implica el decomiso y/o destrucción, medida que debe tomar un juez administrativo. Si hoy claudicase, se puede rematar o donar. ¿Se lo donarán a la Embajada de EE.UU.? Este trámite puede durar un año.
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El pedido de restitución de los equipos salió de boca de dos altos funcionarios, Arturo Valenzuela, responsable para la región en el Departamento de Estado, y Frank Mora, subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental. Mora aseguró en Radio 10 que el entredicho diplomático con la Argentina por el secuestro de material militar para un ejercicio conjunto «ha sido un incidente que no ocurrió nunca con ningún país». «El equipo se tiene que devolver inmediatamente», agregó y así quedará superado el incidente. Mora añadió que en septiembre de 2009 organizaron un ejercicio «con el mismo material y con el mismo propósito y no hubo ningún incidente, como ocurre siempre cuando se hacen ejercicios bien coordinados y aprobados de antemano».
El funcionario del Pentágono desmintió los dichos de Héctor Timerman, quien había asegurado que los marines trasladaban equipos de espionaje. «No es cierto que haya habido equipos de escuchas o interferencias telefónicas. Sí es cierto que hubo equipos de comunicación y armas». El énfasis de ambos funcionarios en lograr la devolución del material de comunicación (teléfonos satelitales con software de encriptación) tiene fundamentos en la seguridad, pertenecen al equipo personal que llevan los miembros de las fuerzas especiales (instructores) que participan en el operativo conjunto a realizar con los efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Gendarmería.
Riesgo
Disponen de claves secretas en uso cuya difusión pondría en riesgo el sistema de comunicación global entre esos efectivos y sus comandantes destacados en otros puntos del globo. Los instructores (nueve) forman parte de un grupo de elite que está en servicio y, ante una crisis, se despliegan con el equipamiento que transportaba el avión C-17. Increíble que tamaños expertos no hubieran previsto que venían a la Argentina, en donde todo es posible.
La preocupación del Departamento de Defensa tiene antecedentes. En 2006, cuando el Gobierno agitó el caso del espionaje a políticos en la base aeronaval de Trelew, la Justicia incautó de la oficina de inteligencia naval computadoras cedidas por la US Navy (Armada estadounidense) a la Armada Argentina. Eran máquinas Compaq modelo Armada 100 que forman parte de un sistema de inteligencia global conocido por el acrónimo ARMS (Automatic Report Marechant System), canal de inteligencia compartida con el Pentágono que se usa para conocer datos sobre buques sospechosos de transportar cargas peligrosas (rezagos nucleares, armas químicas, explosivos, etc.) que pueden destruir objetivos estratégicos. La entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, envió al especialista Héctor Muller, funcionario adscripto a la Subsecretaría de Coordinación del ministerio, con el propósito de penetrar y romper los códigos secretos de las CPU en búsqueda de datos. Ni el Ministerio de Defensa ni el jefe naval Jorge Godoy tuvieron en cuenta que con esas acciones se burlaba el convenio de confidencialidad que habían firmado en 2003 ambas armadas.
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