El peor escenario: que la deuda crezca u$s 72.000 millones

En el peor escenario posible, casi la antesala del infierno o la eternización del purgatorio, a la Argentina le podría aparecer en los próximos meses o años una deuda externa no computada de unos u$s 72.000 millones. Es el resultado de sumar u$s 43.000 millones que según el propio Gobierno traería como consecuencia la confirmación por parte de la Cámara de Apelaciones de Nueva York el 27 de febrero del fallo en primera instancia de Thomas Poole Griesa; los u$s 9.500 millones que aún se le deben al Club de París; los u$s 10.000 millones en juego en el Centro de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), más otros u$s 9.500 millones que Repsol le reclama en ese tribunal del Banco Mundial por la renacionalización de YPF. Para tener una idea del impacto que podría ocasionar la confirmación en el tiempo de este escenario casi dantesco para la economía argentina, las reservas en el Banco Central promedian por estos días los u$s 42.660 millones, con lo que el monto de deuda, sumado a los compromisos ya existentes y en ejecución que tiene la Argentina llevarían al país a una nueva situación de crisis de deuda. Luego de más de siete años de estricto cumplimiento de los compromisos financieros de la Argentina (desde el primer canje), sería volver casi a la situación anterior al llamado a regularizar los pasivos financieros del país que en 2005 organizaron con éxito Néstor Kirchner y Roberto Lavagna.

Si bien el escenario es lejano, difícil de concretarse y hasta muy posible de desarticular, no se lo puede ignorar. De hecho, el propio Gobierno habló el viernes de la semana pasada, al presentar su escrito de contestación a los fondos buitre, de un escenario de "imposibilidad de pago" si el fallo de Griesa quedaba firme. Y sólo se refería a la situación que generaría la caja de Pandora que se abriría si desde la Cámara de Apelaciones quedara firme la decisión del juez de primera instancia.

Diferencia

El número de los u$s 43.000 millones fue estimado por el propio Ministerio de Economía, a cargo Hernán Lorenzino, a partir del cálculo de los pasivos reestructurados y que en el caso contra los fondos buitre y holdouts se agrupan en los "we toos". Esto es los "nosotros también" formado por todos los bonistas que aceptaron los términos de alguno de los dos canjes de deuda (el de 2005 y el de 2010) y que si se les reconocen y garantizan los derechos de pago del 100% de los tenedores que no ingresaron en el llamado, podrían reclamar la diferencia. Además habría que liquidarles los intereses que perdieron en el tiempo de aceptación del canje y lo que recibirían los tenedores que hacen los juicios. Si además el fallo de la Cámara ratificara que la Argentina debe liquidar esta deuda al contado, los u$s 43.000 millones (que incluyen también los potenciales reclamos fuera de le legislación de Nueva York) serían de cumplimiento obligatorio y rápido para el país. Si se tienen en cuenta los u$s 42.600 millones en las reservas, la situación ya sería insostenible.

La suma continúa con la deuda que se mantiene desde el default con el Club de París y que, según el último cálculo con los representantes del organismo, en diciembre de 2011 llegaba a los 9.000 millones, sumando los intereses a los u$s 6.540 millones originales de capital. Habría que sumarle, según los cálculos de Economía, otros 500 millones de intereses desde 2011 a la actualidad.

El próximo capítulo es el más conflictivo de todos. Se trata de la deuda por poco más de u$s 10.000 millones con fallos ya aplicados contra la Argentina, o en vías de hacerlo, desde el CIADI. La mayoría son casos de empresas que recurrieron a ese organismo luego de la salida de la convertibilidad y el default, especialmente petroleras y empresas que operaban servicios privatizados. Se acumulan nombres como Shell, Exxon, Suez, Enron, British Petroleum, entre otras. Es apelando a este pasivo, no reconocido oficialmente por la Argentina como endeudamiento legítimo, que la mayoría de los Estados desarrollados votan en contra del país crónicamente ante los organismos de crédito internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Fue también argumento para votar a favor de la "moción de censura" en el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) el viernes pasado de parte de los Estados Unidos y Europa.

En este tribunal también comenzó ya a transitar su camino el reclamo de Repsol por la nacionalización de YPF de marzo del año pasado. La empresa española le reclama al país unos u$s 9.500 millones por haber sido expulsada de la conducción de la petrolera argentina sin negociación ni indemnización previa.