Empresarios piden a Sapag que ponga fin a extorsión sindical

Neuquén (de nuestra agencia) - Las cámaras empresarias de la provincia dieron a conocer su preocupación por el estado financiero negativo de la provincia pero, al mismo tiempo, avalaron la posición del gobernador Jorge Sapag de no otorgar nuevos aumentos salariales como reclaman los sindicatos estatales provinciales que han cercado a Neuquén con paros y cortes de ruta. Asimismo, pidieron que se adopten medidas concretas que pongan fin a la extorsión permanente que ejerce un grupo de gremios (o sus dirigentes) para el logro de sus objetivos.

Por otra parte, la Federación de Entidades Empresarias del Neuquén (FEEN) fustigó duramente al juez federal Carlos Villanueva y al fiscal del mismo fuero, Adrián García, por las absoluciones que dictaminaron a favor de los gremialistas Marcelo Guagliardo y Daniel Huth, del gremio docente (ATEN), quienes afrontaron un proceso judicial por corte de rutas en 2010. En el juicio, el fiscal no acusó y por lo tanto el juez absolvió. Los puntos más sobresalientes del documento empresarial son los siguientes:

La situación fiscal de la provincia de Neuquén es complicada, por cuanto el resultado financiero negativo se incrementará en casi 8 veces (790,8%) en el período 2007/2012 (estimado), consideración que se agrava si tenemos en cuenta que la masa salarial (sin un nuevo incremento) ha crecido casi 3 veces (298%) en igual lapso (sin prever ningún aumento salarial adicional).

Los incrementos salariales desde 2007 hasta julio de este año han superado el IPC provincial, manteniendo e incrementando el poder de compra del salario. La incidencia del gasto en personal en el total de ingresos de la provincia ha crecido de un 43% del total de los mismos hasta representar en el 2012 el 64%.

Se excede ampliamente el marco del derecho constitucional de peticionar y manifestarse para afectar directamente a la población en sus derechos de circular, trabajar, estudiar, ejercer el comercio y, en síntesis, el ejercicio de la libertad en el marco de la ley.

Pedimos al Estado adopte las medidas necesarias para erradicar este perjudicial hábito de reclamo que afecta severamente el funcionamiento pacífico de una sociedad que necesita fundamentalmente trabajar en paz y concordia en búsqueda de los consensos.