En el PP proponen drástica reforma del Estado español

Madrid - La influyente presidenta (gobernadora) de la región de Madrid, Esperanza Aguirre, del Partido Popular (PP, centroderecha), propuso ayer a Mariano Rajoy que el Estado central recupere el manejo de la salud y la educación, hoy en manos de los Gobiernos autónomos, lo que significaría un cambio copernicano en la administración española.

Aguirre, rival interna de Rajoy en el PP pero de gran peso en el oficialismo, arriesgó esa propuesta como forma de contener el déficit y la deuda que comprometen gravemente a la economía española.

La propuesta de Aguirre encendió una inmediata reacción en algunos Gobiernos autónomos, especialmente los de Cataluña y el País Vasco, donde tienen gran poder movimientos independentistas y nacionalistas. En el País Vasco, gobernado por el PSOE, se habló ayer de «invasión» de competencias, mientras que en el catalán se denunció una «involución autonómica».

Rajoy aclaró que no se propone un cambio drástico del modelo autonómico. «Estamos de acuerdo en evitar duplicidades y los gastos superfluos. No cuestionamos el modelo, sino la gestión del mismo», señaló durante una sesión del Senado.

No obstante, mientras el Ejecutivo asumido en diciembre ensaya ajustes en los presupuestos estatales que eran impensados, la idea de Aguirre actúa como un innegable ensayo para tratar de despejar el acecho de los mercados.

Aguirre también defendió que los ayuntamientos asuman los transportes y servicios sociales, lo que -dijo- supondría en conjunto un ahorro de 48.000 millones de euros para las autonomías.

Al dar a conocer la propuesta tras una reunión con Rajoy, la gobernante de la región de Madrid, que abarca la capital española y los municipios que la circundan, expresó su convicción de que para salir de la crisis hay que «cortar radicalmente con la duplicación y triplicación de funciones».

También se mostró partidaria de retirar las subvenciones públicas «a todos los que pueden y deben sostenerse solos», entre los que citó los partidos políticos, las patronales, los sindicatos y las rentas altas. Incluso, Aguirre defendió que el secundario deje de ser gratuito porque, según entiende, no debe formar parte de la educación básica.

Las medidas sugeridas suponen un drástico cambio en el Estado español, pero también un problema de gran magnitud política con partidos como el Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión (que gobierna en Cataluña), entre muchos otros independentistas y nacionalistas. También es previsible la oposición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que está al frente el distrito más poblado de España, Andalucía.

A juicio de Aguirre, el Estado autonómico español «probablemente no ha servido para lo que se creó: integrar a los partidos nacionalistas catalanes y del País Vasco», sino que, por el contrario, ha servido para «encarecer y complicar el funcionamiento de las demás regiones».

La gobernante, que representa al ala más de derecha del PP y que es apoyada por los medios más conservadores, apeló a un argumento que tiene cierto consenso en España: el país «no puede permitirse el lujo de tener 17 miniestados, como llaman algunos» a las comunidades autónomas.

El año pasado, a instancias del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, fue modificada la Constitución para que las autonomías no superen el límite del 1,5% del PIB de déficit público.

Agencia EFE, y Ámbito Financiero