En plena puja por reformas y fondos, la Corte ajusta mensaje

Ricardo Lorenzetti

Ricardo Lorenzetti ya planifica su discurso de apertura del año judicial, cita pautada para el 6 de marzo y que se trata del compromiso institucional más importante del titular de la Corte Suprema de Justicia en los primeros meses del año. Ocasión que el justice nunca desaprovecha para explicar su visión de la política, los jueces y la vida en general que podría dar algunas pistas sobre los avatares de este 2014. Luego del speech partirá hacia el exterior (la primera parada es en Europa) con una cargada agenda de compromisos académicos.

A diferencia de otros presidentes que supo tener la Corte, Lorenzetti siempre busca consensuar internamente el mensaje inaugural para lo cual intercambia borradores con todas las vocalías. La tarea se desarrolla con un trasfondo dominado por la política y sus tensiones.

El pasado jueves fue una muestra perfecta de los dos mundos que conviven en el cuarto piso de la calle Talcahuano. Por la mañana Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco tomaron juramento a los nuevos representantes del krichnerismo en el Consejo de la Magistratura. Trámite protocolar que disimuló la inquietud de ambos ministros por el futuro administrativo del Poder Judicial en cuanto a fondos (todavía no se define quién lo hará y cómo se pagarán los sueldos de febrero). En cambio, al crepúsculo, Eugenio Lorenzetti se acercó a Balcarce 50 para protagonizar una charla animada con Cristina de Kirchner y de paso llevarle el anteproyecto de reforma para él Código Penal.

Poco o directamente nada se sabe en la Corte de los tiempos con los que el Gobierno manejará esta nueva batalla, aunque se da por descontado (Carmen Argibay ya lo avisó en un almuerzo en diciembre), por los trascendidos de ese texto, que habrá una oposición contundente desde el fuero penal federal, ámbito que desde principios de año le genera dolores de cabeza al oficialismo con indagatorias, procesamientos y otros ribetes procesales que recaen directamente sobre figuras de primera línea del elenco oficial.

"Si quieren imponer todo a la fuerza van a terminar como en el fuero Civil y Comercial federal", deslizaba un justice el viernes en referencia con esos despachos en los cuales la suerte del oficialismo está torcida hace rato y que durante el fin de semana aparecieron con un nuevo estiletazo: con la firma del juez Francisco Asís de Soto seguirá firme la cautelar que reserva para las compañías de charters aéreos los hangares de Aeroparque a pesar del reclamo de las autoridades oficiales.

Sin embargo, en la noche del jueves, Cristina de Kirchner colocó el acento una y otra vez en la necesidad de lograr una reforma penal con el mayor consenso posible. La aparición o la falta de apoyos marcarán el destino del anteproyecto ya que para el Gobierno el acuerdo en temas penales es más importante que en el caso del Código Civil y Comercial ya que se trata de un tema más sensible y que toca diversos nervios en amplios sectores que suelen votar al kirchnerismo. Un apunte que se llevaron tanto Carlos Zannini como Julio Alak.

Los asuntos financieros de la Corte y el Poder Judicial (el máximo tribunal decidió hace quince días no financiar más al Consejo de la Magistratura) podrían comenzar a tener alguna definición esta semana. Se le mencionará al equipo de Jorge Capitanich la posibilidad de que el Tesoro financie a la Justicia mediante un inciso de la ley de Autarquía del Poder Judicial que dice que el Estado debe cubrir parte de los gastos de infraestructura de la Justicia. Hasta el momento nunca lo ha hecho y la actual escasez se presenta como una ocasión propicia para dicho aporte. En los últimos años esos fondos los ha aportado el Consejo.

No es una solución definitiva pero al menos dará más tiempo para respuestas con mayores dosis de imaginación presupuestaria.

Este issue interesa en distintas vocalías porque en las mismas abundan proyectos que pueden ser financiados desde la Corte que ya no deberá correr con los gastos del Consejo. El problema es la presentación de los mismos ante el administrador de la Corte, Héctor Marchi, funcionario de estilo conservador en cuanto al gasto y mano derecha de Lorenzetti en el día a día cortesano. Algunos de estos pappers ni siquiera han pasado la primera revisión de tinte económico, realidad que genera irritación ante el impulso emprendedor de algunos ministros.

De este plano proviene también uno de los primeros requerimientos para el presidente que nombre el Consejo de la Magistratura el próximo jueves. Se trata de la activación de un convenio con la Auditoría General de la Nación (AGN) para controlar los gastos del cuerpo colegiado, solicitud que ha ganado amplio consenso entre los justices (no todos están al tanto de que el 90% de los egresos tiene como destino pagar los sueldos).

Lisandro Despouy se ha entusiasmado con esta posibilidad en un año que comenzó con una tónica distinta en el organismo de control que maneja la oposición (en este caso la UCR): fue todo un logro la aprobación interna de un informe demoledor sobre los proyectos ejecutados desde la fundación Sueños Compartidos que promete dar mucha tarea en distintos despachos de los tribunales de Retiro.