En una sesión tensa y no exenta de escándalos, la Cámara baja votó el miércoles a última hora en favor de un endurecimiento de los requisitos para acceder al seguro de desempleo y a un bono extra anual, que integran el programa económico de austeridad del ministro Joaquim Levy.
En una sesión con ribetes de escándalo, que incluyó una lluvia de "dólares" impresos con la cara de Rousseff, del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros dirigentes del Partido de los Trabajadores lanzados en la sala por sindicalistas, y un "cacerolazo" de parte de diputados opositores, el oficialismo y sus aliados impusieron su proyecto por 252 votos a favor frente a 227 en contra.
La dura negociación para llevar la medida a buen puerto casi fracasa cuando el conservador PMDB, principal socio en el andamiaje legislativo del gobernante PT, amenazó con no apoyar la iniciativa, en momentos en que la propia fuerza oficialista mostraba fisuras para encolumnarse detrás del proyecto.
Pero finalmente el paquete de ajuste logró superar su primer examen, en un Congreso que este año dio muestras de rebeldía y asestó varias derrotas al Gobierno.
La iniciativa, que ayer fue votada en particular, establece que serán necesarios doce meses de trabajo bajo contrato para poder recibir el seguro de desempleo por primera vez, en lugar de los seis meses que se solicitaban anteriormente.
Originalmente, el Poder Ejecutivo había estipulado 18 meses para acceder al subsidio, pero debió ceder ante las dificultades que enfrentaba la aprobación del proyecto.
Otra medida aprobada definió un mínimo de tres meses trabajados por año para que quienes cobran hasta dos sueldos mínimos por mes (unos 518 dólares) puedan percibir un abono anual de parte del Estado. Hasta el momento, alcanzaba con haber trabajado 30 días consecutivos durante un año.
Con las modificaciones adoptadas al proyecto original, el ahorro total buscado de unos 6.000 millones de dólares se reducirá en hasta 1.167 millones, según los primeros cálculos del ministro de Planeamiento, Nelson Barbosa.
El texto, que es una medida provisoria con fuerza de ley, pasará ahora al Senado y los legisladores tienen hasta el 1 de junio para darle luz verde antes de que pierda vigencia parlamentaria.
| Agencias AFP y Reuters |
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