Escuchas: dictamen pide destituir a Montenegro

Campaña. Mauricio Macri recibió ayer al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, quien terminó alentando su campaña política tras ser declarado Huésped de Honor. «Una garantía para Buenos Aires y una esperanza para todos los latinoamericanos», dijo Uribe de Macri.

En sesión especial, hoy en la Legislatura porteña, se debatirán los informes finales de la comisión investigadora especial del caso escuchas. Habrá pedido de juicio político a Mauricio Macri y de renuncia del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, por parte de la oposición. Con más letra contra presuntas irregularidades en las compras de la Policía Metropolitana que en las andanzas del espía Ciro James, se nutrió el dictamen de 210 páginas de los rivales del PRO, que ayer ingresó en la Legislatura. Es el final de la actividad de la comisión que tuvo como objetivo determinar si hubo responsabilidad política del Ejecutivo. El jefe porteño está procesado en el expediente judicial por supuestamente consentir la instalación de actividades de espionaje en su administración de las que derivaron las pinchaduras a los teléfonos de Sergio Burnstein y del cuñado de Macri.

Los dos documentos, uno de la oposición y otro del PRO, que redactó la comisión presidida por el legislador Martín Hourest, serán puestos hoy a consideración del pleno el recinto de la Legislatura porteña. Aunque solamente el diputado de la izquierda Marcelo Parrilli avanzó con la recomendación de juicio político, en el informe de la oposición se lo considera responsable a Macri y además los legisladores le piden que desplace a Montenegro.

En cambio, para el macrismo no hubo incumplimientos y le endilgan, en un documento propio, la responsabilidad al Gobierno nacional por las escuchas ilegales y recomiendan solicitar a Cristina de Kirchner el relevo de la conducción de la Secretaría de Inteligencia «por el probado desmanejo de las estructuras a su cargo».

Todo anticipa una batalla verbal para la sesión especial de hoy, donde la oposición no tiene chances de avanzar sobre el ejecutivo, ya que, de elevarse su dictamen a la Sala Acusadora -que es la que debe resolver si Macri será enjuiciado, como en su momento lo fue Aníbal Ibarra- allí el PRO retiene votos suficientes para frenar la embestida. La comisión se reunió durante trece semanas, desde el 27 de agosto de 2010 hasta ayer, cuando firmó las conclusiones de su labor. El documento de la oposición lo firmaron entre otros: Hourest, Gabriela Cerutti, Diego Kravetz (peronismo); Fernando Sánchez (Coalición Cívica); Raúl Fernández, Daniel Amoroso (ex PRO), y Parrilli, mientras que el oficialista llevó la firma de los cinco legisladores PRO, Martín Ocampo, Cristian Ritondo, Martín Borrelli, Lidia Saya y Fernando De Andreis.

La oposición sostuvo que «el caso emblemático es sin dudas el de Ciro Gerardo James, como eslabón de la maquinaria paraestatal de espionaje montada, era candidato a ingresar a la fuerza (Policía Metropolitana), a partir de sus vínculos con el «Fino» Palacios y su formación y experiencia en inteligencia» y señala que la Metropolitana (PM) tiene prohibida la actividad de inteligencia.

Concluyen además sobre que James, contratado como asesor letrado del Ministerio de Educación porteño, no desarrollaba esa tarea «mientras percibía de ese organismo el máximo sueldo posible» ($ 6.000 mensuales) y asegura que «se tiene probado» que en cambio realizaba tareas de inteligencia.

Luego los legisladores describen diferentes expedientes de compras para la PM, entre ellas $ 86 mil en artículos de ferretería que aparentemente no pudieron identificar. Cuestionan el uso de una caja chica de $ 2 millones y también irregularidades en el blindaje de autos policiales que tras ese tratamiento terminaron con dificultades hasta para poder frenar.

Finalmente la oposición al PRO considera que Macri «es el principal responsable del diseño, instalación y gestión de este sistema de decisiones políticas y con el que son solidariamente responsables sus funcionarios de primera línea» y que ha «consentido fenómenos de corrupción en la utilización de cargos públicos para fines privados», lo acusan de «encubrimiento» y «negligencia».

Las recomendaciones de la oposición son varias para rematar el informe. Entre ellas, cambios en la normativa, como la redacción de una ley que precise el alcance de «mal desempeño» de los funcionarios, la reformulación de la cúpula policial y a la creación de una oficina anticorrupción porteña.