Escuchas: empieza juicio político a magistrados de Misiones

Los jueces de Misiones Horacio Gallardo y José Luis Rey comenzarán a ser juzgados mañana en el Consejo de la Magistratura de esa provincia por presunto mal desempeño. Ambos magistrados son investigados por su supuesta responsabilidad en la intervención irregular de teléfonos de empresarios y dirigentes sociales, causa que investiga el juez Norberto Oyarbide, quien ya procesó por presunta asociación ilícita al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios y al supuesto espía Ciro James, quien fue asesor del Ministerio de Educación porteño.

Tanto Gallardo como James ordenaron desde octubre de 2007 una serie de escuchas a la SIDE de números telefónicos pertenecientes a empresarios como Carlos Ávila y dirigentes como Sergio Burstein, en el marco de expedientes con los que no tenían ninguna relación. Las pinchaduras eran tramitadas por la Policía de Misiones y James, quien retiraba los casetes de la SIDE y los entregaba a los oficiales misioneros.

El caso explotó cuando Burstein presentó un hábeas corpus ante el juzgado de Oyarbide y denunció un anónimo en el que se le advertía que su teléfono estaba intervenido y que Palacios habría estado detrás de la maniobra. El juez verificó la intervención, realizada en las semanas previas al procesamiento del comisario retirado por presunto encubrimiento en la pesquisa del atentado a la AMIA.

A partir de esa denuncia, se descubrió que otros teléfonos habían sido intervenidos con la misma modalidad que se utilizó en el caso de Burstein: ordenar la pinchadura a partir de una causa con la que no tenía relación el supuesto investigado y nunca mencionar la titularidad del número. En un primer momento, tanto los jueces de Misiones como los policías que trabajaban con James argumentaron que habían sido engañados por el policía retirado.

Ni Gallardo ni Rey, sin embargo, se presentaron a indagatoria cuando Oyarbide los citó, e incluso se negaron a recibir a los oficiales enviados por el juez para buscar las grabaciones que los magistrados se negaban a enviar a Buenos Aires. Oyarbide los denunció ante el Consejo de la Magistratura de Misiones, pero su acusación fue rechazada por no ser ciudadano de esa provincia.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia dispuso abrir un sumario y suspendió a Gallardo y a Rey. En febrero pasado, avanzó la acusación de ambos en la Magistratura, a partir de una nueva denuncia, y se definió que fueran sometidos al juicio político que se iniciará mañana. El jurado tendrá 20 días para definir la situación de los jueces. Si son destituidos, perderán sus fueros y Oyarbide podrá ordenar su arresto para indagarlos.

La declaración de Gallardo y Rey es una de las piezas claves de la pesquisa, ya que puede aportar datos sobre las dimensiones de la maniobra y sus posibles responsables. Paralelamente, Oyarbide podría avanzar esta semana en una nueva ronda de indagatorias, tras el fallo de la Cámara Federal que confirmó los procesamientos por presunta asociación ilícita de Palacios y James.