Escuchas: esperan testigo clave

En un clima de alta tensión, con tres denuncias judiciales cruzadas entre diputados y funcionarios, habrá hoy otra reunión de la comisión especial del caso escuchas que viene haciendo aguas ante el faltazo de testigos en su intento por saber si Mauricio Macri es responsable político del caso.

Si cumplen con la cita, los legisladores tendrían hoy a tres testigos, entre ellos uno que resulta clave, a los ojos de la oposición al PRO. Se trata del secretario general de Política Criminal de la fiscalía porteña, Agustín Gamboa, un abogado de 38 años que se habría entrevistado con el detenido Ciro James para coordinar tareas concurrentes de la Policía Metropolitana con el ministerio público fiscal. El dato que reveló esa cita es que James reportaba como abogado asesor del Ministerio de Educación porteño, por entonces a cargo de Mariano Narodowski. Es decir, el espía actuaba como parte de la Metropolitana, a mediados del año pasado, pero no había ingresado a la fuerza.

Comprometieron también su asistencia, de acuerdo con lo que confirmó el titular de la comisión, Martín Hourest, dos funcionarios de la Universidad de La Matanza que habría recomendado a James según siempre sostuvo Narodowski, aunque en la causa nadie se hizo cargo de ese consejo. James tenía un cargo como responsable de Relaciones Institucionales de esa casa de estudios que también le proveyó el teléfono celular cuyas llamadas entrantes y salientes está analizando la Justicia.

Gamboa, en abril de este año, declaró ante el juez Norberto Oyarbide y contó que en 2009, el por entonces jefe de la Metropolitana, Jorge «Fino» Palacios -detenido y procesado como James- lo llamó para pedirle que reciba a Roberto Ontivero, quien iba a ingresar a la fuerza. La reunión se realizó en el despacho de Gamboa, con Ontivero y James. «Me habían comentado que se iban a incorporar a la fuerza en el área de investigaciones», sostuvo Gamboa. El funcionario aseguró que ese encuentro ocurrió «al poco tiempo que ingresara Palacios», a quien conoció durante la investigación del atentado a la AMIA.

El secretario de Política Criminal se negó a concurrir a la comisión parlamentaria, y su ausencia, junto con la del resto de una veintena de testigos, provocó que Hourest consiguiera que el juez porteño Roberto Gallardo dispusiera que podrá acudirse a la fuerza pública para obligarlos a concurrir ante la comisión. A su vez, una fiscal reclamó contra esa medida.

Hasta ahora, la comisión desborda de escándalos. El PRO intentó vincular a Aníbal Ibarra con James porque el espía obtuvo un permiso, en 2005 (cuando el legislador era jefe de Gobierno), para instalar un locutorio en el Parque de la Ciudad, que le fue revocado a los cuatro meses porque no cumplió con las obras. Los legisladores macristas Cristian Ritondo y Martín Borrelli aseguraron que en ese espacio público están instaladas antenas de la Secretaría de Inteligencia. Ibarra solicitó a Oyarbide que investigue el caso del locutorio, mientras que Ritondo y Borrelli aseguran que el Gobierno nacional los denunció por revelar dónde estaban las antenas de inteligencia.