9 de abril 2010 - 00:00

Escuchas: pinchaduras a sindicato de Misiones

La causa sobre las escuchas ilegales a empresarios y dirigentes políticos generó ayer una nueva línea de investigación, que apunta a un supuesto espionaje en la Asociación de Personal Legislativo (APL) de la provincia de Misiones. Los investigadores de la pesquisa a cargo del juez federal Norberto Oyarbide detectaron una serie de pinchaduras ordenadas por el juez de instrucción de Misiones, Horacio Gallardo, al teléfono de ese sindicato entre agosto y diciembre de 2009. Fueron dispuestas en el marco de un caso que investiga la desaparición de un menor, por lo que presentaría la misma dinámica utilizada para intervenir los teléfonos del empresario Carlos Ávila, de Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA y de Néstor Leonardo, cuñado de Mauricio Macri, entre otras personas.

La secretaria general de la APL, Nidia Estela Figueredo, se presentó ayer en el juzgado a declarar y confirmó que el teléfono intervenido es el único que utiliza el sindicato. En este contexto, la gremialista apuntó contra la patronal y precisó una serie de conflictos que el sindicato mantiene con la Legislatura de Misiones desde mitad del año pasado. Según declaró Figueredo, hace meses que la patronal no recibe a la comisión directiva de la APL y retiene los aportes de los empleados destinados al mantenimiento del gremio. También detalló una serie de cruces con el personal del titular de la Cámara de Representantes de Misiones y ex gobernador de esa provincia, Carlos Rovira.

Esta intervención complica la situación de los jueces que ordenaron las pinchaduras, Horacio Gallardo y José Luis Rey, quienes actualmente enfrentan un proceso de juicio político en su provincia a raíz de este caso. De ser destituidos, Oyarbide podría ordenar su detención, ya que hasta el momento se negaron a presentarse a declaración indagatoria. En tanto, el juez indagará nuevamente el próximo 15 abril al ex titular de la Policía Metropolitana Jorge Palacios, procesado por supuesta asociación ilícita. El 21 de abril será el turno del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, al día siguiente deberá presentarse el ex ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, y el próximo 28 de abril deberá declarar Mauricio Macri.

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