1 de julio 2014 - 00:41

Espera la Corte hoy firma de fondos del Gobierno

• TIENEN SEÑAL DE LA CASA ROSADA.
• ES PARA PAGAR AUMENTOS A JUDICIALES.

Ricardo Lorenzetti y Jorge Capitanich
Ricardo Lorenzetti y Jorge Capitanich
 Las finanzas del Poder Judicial dominarán hoy el acuerdo de ministros de la Corte Suprema de Justicia. La semana pasada el tribunal se quejó al Gobierno por la demora en la reasignación de partidas presupuestarias que requirió para otorgar un aumento del 15% a todos los empleados del Poder Judicial. La Corte espera una firma de Jorge Capitanich que hasta anoche no aparecía aunque ya había sido prometida desde Balcarce 50. Precisa de su autorización para disponer de fondos que les son propios. De no tener una certeza para el mediodía de hoy habría pronunciamientos más duros por parte de los ministros.

En realidad, tal como se conoció en la Corte el pasado jueves, el jefe de Gabinete se disponía a firmar la reasignación de recursos en la tarde del miércoles. Una contraorden dilató el trámite y desde entonces llegaron mensajes positivos aunque resta la confirmación final.

La negociación entre ambos poderes es áspera porque los ministros sostienen que el viceministro Julián Álvarez condicionó la rúbrica a un asiento para el oficialismo en la estructura administrativa del Consejo de la Magistratura. El pasado miércoles, Álvarez había viajado a París para una cumbre del Grupo de Acción Financiera Internacional.

La llegada de señales favorables en simultáneo a ese viaje fue entendida en la Corte como que los pedidos del secretario de Justicia no tienen necesariamente eco en el resto del Gobierno. Anoche, sin embargo, habían vuelto las dudas ante la falta de confirmaciones.

Los planteos del viceministro, tal como ayer deslizaban en el cuarto piso, no han tenido éxito porque se encuentran fundamentados en influencias que son gravitantes en el plano político pero que cuando ingresan al judicial sus acciones se desploman. La gran diferencia está en la inmobilidad de los actores que domina un poder frente a las mutabilidad que define los rasgos temporales del otro.

El desafío que enfrenta la posición del viceministro, tal como ya se lo hicieron saber por la vía informal, es que la demora en la reasignación de partidas complica los objetivos más ambiciosos de distintos sectores del oficialismo como es el caso de la puesta en funciones de la Cámara de Casación Penal ordinaria que tiene un grupo de jueces ya nombrados por el Poder Ejecutivo pero que no les han tomado juramento porque no cuentan con la infraestructura para que éstos desarrollen su labor.

Ese desarrollo corre por cuenta del Consejo de la Magistratura donde recuerdan que por ley, todas las instancias judiciales nuevas que decida crear el Gobierno debe estipular una nueva partida para cubrir sus gastos. O sea, además de la reasignación de partidas, el oficialismo deberá desembolsar fondos para la puesta en marcha de esta instancia cuya creación auspició.

Los jueces que deben ocupar esos despachos se muestran impacientes en las reuniones que mantienen con Ricardo Lorenzetti y con Elena Highton de Nolasco e incluso ya han acordado una suerte de deadline: si no han jurado para el mes de febrero de 2015 avanzarán en la idea de presentar un amparo en el fuero Contencioso Administrativo.

De concretarse el planteo, éste daría lugar a una suerte de revival del caso Marbury contra Madison, clásico absoluto del derecho estadounidense en el cual un juez designado por un Gobierno federalista no era puesto en funciones por la administración que le sucedió. El Tribunal Supremo decidió no intervenir y estableció de ese modo el control de constitucionalidad difuso que caracteriza al sistema estadounidense y que se replica en la Argentina.

Apuntes y reflexiones útiles para el criterio del oficialismo al momento de decidir sobre los fondos del Poder Judicial.

Las tácticas en este sector son más terrenales: el bloque de consejeros oficialistas en la Magistratura tiene en su poder un proyecto que le permite al Consejo sancionar a los empleados de los juzgados mediante sumarios que hoy en día son instruidos en las Cámaras Federales.

Para tener en cuenta: esta posibilidad está contemplada en la ley de reforma judicial que el kirchnerismo votó en el Congreso en 2013 y, a diferencia de otros fragmentos, éste no fue anulado por los fallos de la Corte. Para entrar en funcionamiento sólo requiere la aprobación de un reglamento que ya está en el despacho de Eduardo De Pedro.

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