Esperable: Gils Carbó defendió el cepo (ahora mueve la Corte)

• Ejemplos ineludibles en el dictamen de la jefa de los fiscales.• La Corte sólo habla sobre sentencias de fondo.

Carmen Argibay, Alejandra Gils Carbó y Enrique Petracchi

La procuradora general Alejandra Gils Carbó dejó en condiciones a la Corte Suprema de Justicia de emitir un fallo sobre el cepo cambiario que rige sobre la política monetaria. Mediante su dictamen consideró, en causas iniciadas por particulares, que el cepo es constitucional. El máximo tribunal comenzará su año con un asunto de peso cuya definición exhibe obstáculos por el origen del expediente. En paralelo, la quietud de enero dará lugar a otras conversaciones en el cuarto piso de la calle Talcahuano, como es el caso del segundo juicio oral por la causa AMIA y ciertos movimientos en el Consejo de la Magistratura.

"La actividad cambiaria está caracterizada por su complejidad, dinamismo, y tecnicismo. La naturaleza esencialmente dinámica de la actividad financiera, monetaria y cambiaria, así como también la especialidad técnica de la materia, han llevado a atribuir al BCRA amplias facultades regulatorias de esas actividades. En efecto, se requiere un organismo que pueda responder en forma ágil y eficiente a la dinámica cambiante y a la complejidad de la actividad financiera y cambiaria", expresa el escrito de Gils Carbó.

La procuradora general tomó como ejemplos los casos de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo y en la capacidad que tienen estas entidades para regular la oferta y la demanda de la moneda extranjera. Un detalle para tener en cuenta: el dictamen incluye jurisprudencia de la Corte en cuyos fallos se mencionan las atribuciones del Banco Central para definir la política cambiaria.

Gils Carbó desarrolló durante los últimos meses de 2013 una especie de giro en cuanto a sus relaciones públicas. Pasó de promover marchas frente al Palacio de Tribunales con su agrupación a retornar a la Corte para compartir estrado con Carmen Argibay. Actitud que además es acompañada de un silencio y un bajo perfil que ya no dan lugar a esas exclamaciones sobre poderes oscurantistas y palacios aristocráticos. Descripciones poco convenientes para quien las pronuncia desde la cima de dicha estructura.

El dictamen ingresará ahora a la secretaría de temas tributarios de la Corte. Enero ofrecerá pocas certezas y aún menos agitación respecto de este expediente. Ocurre que la sentencia de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo es sobre el otorgamiento de un amparo. No figura en los manuales de estilo de la Corte tratar asuntos que no tengan una sentencia de fondo, algo que los ministros explicaron en diciembre de 2012, cuando el Gobierno apuraba a la Corte por una sentencia de fondo sobre la ley de medios que el máximo tribunal no consideraba ya que el fondo era una cautelar del fuero Civil y Comercial federal.

La definición, cualquiera sea el caso, será determinante porque, según la jurisprudencia cortesana, los asuntos de economía procesal marcan precedentes a todos los tribunales inferiores y los encuadra en una lógica difícil de eludir.

Otro asunto que la Corte seguirá de cerca es la realización, en el primer semestre, del juicio oral por las presuntas irregularidades en la instrucción de la causa AMIA que terminó en una serie de absoluciones en el Tribunal Oral Federal N° 3 (el mismo que hace diez días declaró inocente a Fernando de la Rúa en la causa de los supuestos sobornos en el Senado).

Un tema espinoso para el ámbito judicial ya que entre los acusados de este juicio figuran un exjuez (Juan José Galeano) y dos exfiscales (Eamon Mullen y José Barbaccia). Más allá de las dificultades para integrar el tribunal -los acusados tienen múltiples amigos y enemigos en la Justicia que optaron por excusarse-, la Corte tiene pendiente definir si es válido el sobreseimiento sobre Galeano que firmó el exjuez Gabriel Cavallo.

Más allá de lo que el tribunal resuelva, será una resolución a tener en cuenta especialmente por el antecedente que a la vez implicará un mensaje para todos aquellos funcionarios que fueron sobreseídos en expedientes que, con el paso del tiempo, pueden ser reabiertos.

En la Corte, Galeano es representado por el abogado Miguel Almeyra, uno de los primeros en cuestionar la permanencia de Enrique Petracchi en el máximo tribunal luego de que éste llegara a la edad de 75 años.

En el máximo tribunal ya se conoce el dato de que el kirchnerismo ha colocado en la agenda de febrero del Consejo de la Magistratura la discusión sobre el puesto de administrador del Poder Judicial, asiento que por el momento se encuentra a cargo del subadministrador Germán Kriguer.

No es un asunto menor ya que el Consejo depende financieramente de los fondos de la Corte y cualquier cortocircuito entre los administradores de ambas entidades ocasionaría serios trastornos. Situación que, sutilmente, ya se le ha hecho saber, desde la Corte, a Jorge Capitanich.