Esperable: jury y suspensión a juez que frenó medios

El Consejo de la Magistratura suspendió y mandó a juicio político, en una decisión esperable, al camarista federal mendocino Luis Miret por presunto mal desempeño en sus funciones. Miret es uno de los camaristas que habían frenado la Ley de Medios Audiovisuales, decisión que luego fue revocada por la Corte Suprema de Justicia, y había presentado su renuncia la semana pasada ante la inminente apertura del proceso en su contra.

El camarista, de 72 años, estuvo presente en la votación y hasta pidió que fuera postergada, tras recordar que ya había renunciado a su cargo, aunque esta dimisión aún no fue aceptada por el Poder Ejecutivo, con lo cual está en condiciones de ser sometido a proceso.

La votación del plenario fue unánime y sólo contó con las ausencias de los consejeros kirchneristas Nicolás Fernández y Marcelo Fuentes y del presidente del consejo, Luis María Bunge Campos.

Los consejeros que votaron la suspensión fueron Diana Conti, Carlos Kunkel, Héctor Masquelet, Mariano Candiotti, Ernesto Sanz, Luis María Cabral, Oscar Aguad, Santiago Montaña y Pablo Mosca. «Pido que no se apruebe hoy el dictamen que me envía a juicio político. El dictamen es elaborado e impactante pero con un defecto: que no se me escuchó», se quejó Miret, presente en el segundo piso del consejo y antes de conocer el resultado.

La decisión adoptada por el consejo implica la automática suspensión de Miret como juez y su pase a juicio político ante un jurado de enjuiciamiento de magistrados en el plazo máximo de seis meses, en el que podría ser destituido, lo que -a diferencia de la renuncia- implica la pérdida de prerrogativas y beneficios, incluso previsionales.

«Ofrecí muchas pruebas y ninguna se aceptó. Fui juez de Instrucción en un marco de convulsión y terror, y no tuve mal desempeño en mis funciones sino que tuve un valiente y correcto desempeño. Es justo que no me vaya de este modo», agregó el juez.

La semana pasada, la Comisión de Disciplina y Acusación ya había aprobado el dictamen acusatorio, en el cual se le imputa «tolerar la aplicación de tormentos a detenidos políticos en los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976» y con posterioridad, durante la dictadura.

En uno de los casos, una joven de 16 años denunció que su madre fue secuestrada por policías mendocinos, detenida clandestinamente, violada y luego derivada a un instituto de menores, todo con la presunta complicidad del juez Miret.

La acusación contra Miret se reactivó en el consejo luego de que el magistrado, como integrante de la Cámara Federal de Mendoza, hiciera lugar a una medida cautelar y frenara la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales.

Meses más tarde, ese expediente llegó a la Corte Suprema, que decidió levantar la suspensión en el marco de esa causa, que había sido iniciada por el diputado del Peronismo Federal Enrique Thomas.

Miret está imputado además por 31 casos de desapariciones, secuestros, robos y homicidios durante el terrorismo de Estado, en una causa penal a cargo del juez Walter Bento y el fiscal Omar Palermo, quienes podrían pedir su detención. «Baso mi renuncia en la circunstancia de haber cumplido el 12 del corriente mes 72 años de edad y 54 consecutivos en diversos cargos en el Poder Judicial de la Nación y ya deseo hacer efectiva la jubilación, porque a mi edad ya siento que empieza a afectar mi rendimiento en el alto cargo de la magistratura que desempeño», señala el texto de renuncia de Miret.