• LARGO PROCESO JUDICIAL PREVIO A QUE JUECES ARGENTINOS ACCEDAN A LAS PRUEBAS DE ODEBRECHT Si se levanta reserva desde Justicia de Brasil sus autoridades elegirán qué se gira a la Argentina. Cada juez local recibirá información fragmentada según lo que haya pedido.
Acuerdo. La posibilidad de que el Gobierno cierre un acuerdo con Odebrecht que pueda ser validado por la Justicia local se aleja. También quedará empantanado pedido para que directivos se acojan a Ley del Arrepentido.
El 1 de junio será el deadline para que la información documental que sustenta el "Lava Jato" conserve el carácter de reservada en la Justicia de Brasil. Sin embargo, y pese a la confirmación de las autoridades de ese país de que gran parte de esos elementos de prueba comenzarán a ser remitidos a los países donde se lleven a cabo investigaciones relacionadas con el pago de sobornos de la constructora Odebrecht, ese día nada ocurrirá. Ni el levantamiento del secreto hará públicos los nombres de los involucrados, ni los fiscales argentinos accederán al material que puede alimentar sus causas de forma automática, sin que medie un burocrático trámite judicial de plazos indefinidos. El embudo se cerrará más luego de que la empresa anuncie su rechazo a acogerse a la figura del "arrepentido" -tal como los había emplazado a sus directivos el fiscal Federico Delgado-, sin que logre su objetivo de retener los contratos de obra pública que actualmente tiene. A ello se suma que el Gobierno no tendrá otro camino de empantanar sus negociaciones con la empresa, a riesgo de que todo lo que accione sea luego tildado de ilegal por los tribunales locales.
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El 1 de junio, el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, podrá levantar el secreto de la información, pero estará sujeto a un complejo trámite dentro del sistema judicial de ese país. Incluso, Janot podría prorrogar el secreto, sobre todo o sobre partes del expediente, en una decisión discrecional e imprevisible para los jueces argentinos. Esto ya sucedió con anterioridad, con lo que no sería sorpresa que tramos de la causa se mantengan aún bajo siete llaves. Luego de que se libere el grifo, si efectivamente ocurre, la autorización formal para compartir el contenido de las delaciones premiadas y de la documentación recopilada tendrá la directa injerencia del Tribunal Superior de Brasil. Allí el nombre clave será el de Luiz Edson Fachín, que es el relator para la Corte brasileña del caso "Lava Jato" y asumió ese rol tras la repentina muerte de Teori Zavascki en un accidente de avión. Esa relatoría implicará un nuevo dique para resolver qué información se libera y cuál no.
Todo esto implicará que no llegarán vía aérea las copias a la Argentina de toda la investigación del "Lava Jato", ni siquiera las declaraciones (en video y transcriptas) de los 78 ejecutivos de Odebrecht que han confesado en el expediente principal. El proceso se anticipa largo: la información que se vaya liberando lo hará en el marco de cada causa de las que se instruye en los tribunales locales, y de acuerdo con el margen de cada uno de los pedidos que se hayan hecho desde cada fiscalía a cargo de las pesquisas. Esos datos podrían arribar en tiempos más laxos y fragmentada, ya que algunos jueces como Marcelo Martínez De Giorgi encabezaron pedidos por cuenta propia, mientras que fiscales como Federico Delgado han directamente exigido conocer a fondo las 4 mil operaciones realizadas por el arrepentido cambista Leonardo Meirelles. La conveniencia de cada una de las solicitudes (y su eventual ventilación) dependerá de las autoridades brasileñas en base a los acuerdos cerrados para que se comparta ese material.
A su vez, incidirá la vía en la que fueron canalizados esos pedidos. Algunos -de los fiscales- fueron cursados vía la Procuración General que encabeza Alejandra Gils Carbó en base al acuerdo de cooperación firmado con los ministerios públicos de la región y Janot. Sólo ese material llegará en respuesta a cada pedido puntual. El Gobierno aprovechará la demora en clave política. Le servirá para apuntarle a Gils Carbó por supuesta ineficacia en el acceso a los datos sensibles de esa causa post 1-J. Pero también se demorarán los exhortos enviados a través de la Cancillería. Está previsto que esos requerimientos sean contestados directamente a los juzgados intervinientes. Esto, siempre y cuando cumplan con la revisión previa de las autoridades de Brasil como requisito válido. En síntesis, toda la información que comience a fluir lo hará a cuentagotas y de forma particular.
En paralelo, el acuerdo que intentaba el Gobierno y que había sulfurado a los jueces de Comodoro Py quedará empantanado esta semana. Nada de lo que surgiera de ese pacto habría de ser avalado en el marco normativo existente. La empresa podría retirarse de la mesa y rechazar además el pedido de Delgado para acogerse a la Ley del Arrepentido, que cuanto mucho permite una reducción de condena. El salvoconducto de sus directivos y la conservación de las obras son su meta. Pero en tribunales consideran que el Gobierno no se dará por vencido y observan con alerta el interés de la ONG Poder Ciudadano por intervenir en las negociaciones oficiales con Odebrecht con el objetivo de acceder a los datos clave a través de un observador y en calidad de "testigo social" en representación del interés colectivo sobre el tema. Esa fundación está presidida por Hugo Wortman Jofre, histórico abogado del Grupo Clarín. Pero su terminal en la Casa Rosada está asociada a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el asesor judicial más importante que tiene Mauricio Macri.
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